Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|Una reforma necesaria.

Vivimos tiempos en los que la justicia ya no es vista como un pilar inquebrantable de la sociedad, sino como un escenario de disputas ideológicas, influencias políticas y presiones mediáticas. La filtración de información sobre casos judiciales, la falta de transparencia en el accionar de fiscales y jueces, y la creciente percepción de que la justicia no actúa con independencia han debilitado la confianza de los ciudadanos en el sistema. Como sociedad, nos encontramos en un punto crítico: o recuperamos la fe en la justicia mediante reformas estructurales, o seguimos en el camino de la deslegitimación, donde cada fallo judicial es cuestionado y donde la justicia termina siendo reescrita en la opinión pública en lugar de en los tribunales.

Los casos de Bezzosi y Charles Carrera son ejemplos de cómo la justicia se convierte en un espectáculo, donde la ciudadanía, con información fragmentada y filtrada a conveniencia, se divide en bandos que dictan sentencias antes que los jueces. No importa lo que se resuelva en los tribunales; para una parte de la población, el veredicto ya está dado de antemano. Esto demuestra que el problema no es solo la falta de confianza en la justicia, sino que la justicia misma no ha sabido responder a la necesidad de transparencia y equidad que la sociedad le exige. No basta con que la justicia sea justa, también debe parecerlo.

La independencia del Poder Judicial es fundamental, pero no puede ser un pretexto para la opacidad ni para la falta de responsabilidad. Los fiscales y jueces no pueden actuar sin control alguno, ni ser inmunes a las consecuencias de su accionar. A diferencia del Poder Ejecutivo y el Legislativo, que son sometidos al voto ciudadano, el Poder Judicial parece moverse en una dimensión donde la voluntad popular no tiene cabida. Sin embargo, es la sociedad quien sufre las consecuencias de una justicia ineficaz, sesgada o inoperante. Si los jueces y fiscales no son evaluados por el pueblo, entonces, ¿ante quién rinden cuentas?

Es aquí donde surge la necesidad de una reforma profunda. Creo firmemente que el Fiscal General de la Nación debe ser elegido por voto popular. Este cambio permitiría que la ciudadanía, principal afectada por las decisiones judiciales, tenga una voz directa en la conformación de la Fiscalía y en su orientación. No podemos seguir delegando a una elite el derecho de definir quién investiga los delitos, quién acusa y quién protege los derechos de los ciudadanos. La elección popular del Fiscal General garantizaría una mayor conexión con la realidad del país, evitando que su accionar responda únicamente a intereses políticos, ideológicos o corporativos.

Algunos argumentarán que una elección popular podría politizar el cargo, pero ¿acaso hoy la Fiscalía no está ya atravesada por la política? La diferencia es que actualmente esa influencia es indirecta, oculta y muchas veces utilizada en beneficio de ciertos sectores. Con un fiscal electo por el pueblo, habría una rendición de cuentas clara y directa. Su gestión dependería del respaldo ciudadano, no de acuerdos entre partidos o de presiones externas.

No podemos resignarnos a una justicia que la gente ya no cree que funcione. No podemos permitir que los fiscales actúen sin control ni que las decisiones judiciales se tomen en la sombra. Si queremos recuperar la confianza en la justicia, debemos darle al pueblo el poder de decidir quién tiene la responsabilidad de perseguir el delito y defender la legalidad.

Propongo un cambio estructural. Propongo un país donde el Fiscal General de la Nación no sea elegido entre cuatro paredes, sino por la voluntad de quienes realmente importan: los ciudadanos. Porque sin justicia, no hay orden, y sin orden, no hay futuro.