Juan Pedro Arocena | Montevideo
@|Hay una forma vieja de hacer política que, derrota tras derrota, va perdiendo pie inexorablemente ante otra que, no por nueva, resulta necesariamente superior desde el punto de vista de la ética. Lo que sucede en la Intendencia de Soriano es una raya más de las que ya pululan en la piel del viejo tigre. Sería penoso enumerar la larga serie de similares antecedentes que, muy a menudo nos traen las noticias (por repetidas ya no sorprenden) referidas a la política en las intendencias. El consuetudinario mecanismo opera como una distribución de riqueza que dispone recursos públicos (a veces marginales y a veces millonarios según cada caso) desde la discrecionalidad del jerarca. Se trata de una forma generalizada de hacer política y que nunca se presenta en la conciencia de las autoridades que la practican como algo poco ético y mucho menos como un delito. Este proceder hunde sus raíces en la accidentada forma de acceso al poder que se verificó en el siglo XIX, cuando nuestro Uruguay fue calificado como tierra purpúrea. En las sucesivas revoluciones, ejércitos enteros se financiaban con los recursos privados de los revolucionarios lo que determinaba que, una vez en el poder, resultara imposible distinguir entre las finanzas privadas y las públicas. En ese orden, restituir (por extensión, beneficiar) a un amigo operaba casi como un deber patriótico y no resultaba algo vergonzante. Hay elocuentes documentos de próceres nacionales que así lo atestiguan. Las bolsas de arena, de pedregullo o de portland que los intendentes reparten entre sus amigos (para que quede hegemónicamente lindo agreguemos: “de los sectores sociales más vulnerables del departamento”) resultan ser un trasnochado y penoso remedo, legado de viejas prácticas que tuvieron su razón de ser hace más de siglo y medio pero que ya resulta imperioso abandonar.

La nueva forma de hacer política acomoda el cuerpo al orden legal. No constituye delito, aunque para ello, de manera previa, haya sido menester manipular la legislación alejándola de todo fundamento ético. Así, por ejemplo, la Intendencia Municipal de Montevideo puede financiar al Carnaval del Uruguay, lo que se presenta como un “apoyo a la cultura”. En realidad, es una manera de desviar recursos públicos (éstos sí, millonarios) hacia la propaganda político-partidaria. Todos los montevideanos financiamos con el pago de nuestros tributos municipales esa macro agencia de publicidad ideologizada de las murgas uruguayas. Otro tanto podría decirse de TV Ciudad. Y otro tanto vale también para una larga serie de colectivos, que la hegemonía “progre” define, individualiza y rápidamente fundamenta la necesidad de una transferencia de recursos hacia ellos que se legitima con normas jurídicas. Con frecuencia la izquierda logra la complicidad de los restantes sectores del espectro político, quienes no se oponen a la iniciativa por miedo de quedarse fuera de la cosecha de votos que ella genera.

La nueva forma de hacer política es legal pero igualmente discrecional, arbitraria y carente de fundamentos éticos. Es además doblemente dañina. Los recursos que operan a partir de este mecanismo constituyen millonarias transferencias que se trasladan desde determinados sectores de la población hacia otros que acarrean de una forma u otra, beneficios políticos para la entidad partidaria que las promueve. Y es dañina también porque la mendicidad individual y marginal que satisface la vieja forma de hacer política, en la nueva, privilegia a colectivos de enormes dimensiones que se suman a la improductiva prebenda del Estado.

Finalmente, advertimos una diferencia no menor desde la perspectiva de la “carrera política” individual. En la vieja forma de hacer política el jerarca va delineando su propia carrera y escalando peldaños en función de los votos que aporta al partido. La gente beneficiada con los recursos públicos es funcional, no al partido, sino a la persona. En la nueva forma de hacer política, el beneficio emanado desde el desvío de los recursos públicos no beneficia a un determinado líder político. La transacción se realiza de colectivo a colectivo. El carnaval recibe dinero de la Intendencia y el Frente Amplio se beneficia de la propaganda carnavalera. En ese orden la carrera política individual debe realizarse dentro de la entidad partidaria y el ascenso obedecerá a los talentos y méritos de cada pretendiente a candidato.

La vieja forma de hacer política debe abandonarse, no sólo por ilegal, también por ineficiente. Y la nueva, es políticamente eficaz, pero nos conduce como nación al estancamiento y a la improductividad. Es imperioso buscar el éxito político a partir de los sectores sociales que todavía se empeñan en lograr el éxito personal. Empecemos por allanarles el camino del progreso destrabando el fárrago de disposiciones y transferencias demagógicas que lo encarecen y que impulsan a los mejores uruguayos a la emigración.