@|Se dice que el 11 de septiembre de 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, se producía un punto de inflexión en la historia del derecho moderno liberal, democrático y garantista, que hasta entonces había seguido siempre un recorrido de progreso en la garantía de los derechos. En tan solo un mes, el Congreso de EE.UU. aprobaba por una amplísima mayoría la Patriot Act, iniciando así el uso del llamado lawfare o “guerra jurídica” y dando cobertura “legal” a acciones que pocos internacionalistas dudarían calificar de contrarias al derecho internacional.

A su amparo, se mantuvo detenidas sin proceso personas sospechosas de terrorismo en el Centro de Detención de Guantánamo (Cuba), y se pretendió justificar la tortura en la prisión de Abu Ghraib en Irak, entre otros muchos hechos.

En otras palabras, el empleo de la guerra jurídica o lawfare en inglés, es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el desprestigio y repudio popular contra un oponente.

La anterior descripción encaja, sin entrar en grandes detalles, con lo sucedido con civiles, militares y policías procesados por supuestos delitos cometidos en el siglo pasado, durante el combate a la sedición en defensa de nuestras instituciones y sistema democrático.

Motivados por sentimientos de venganza y buscando el desprestigio de nuestras Fuerzas Armadas, último escollo éstas para la toma del poder, los seguidores de las directrices del Foro de San Pablo pergeñaron el lawfare en nuestra patria. Sus brazos ejecutores fueron los sucesivos gobiernos del Frente Amplio (FA), auxiliados por una vasta red de ONG´s y un sistema judicial infiltrado o cuando menos presionado o atemorizado.

Por nombrar solo ejemplos que jalonaron este desarrollo de lawfare, citemos el intento a través de un plebiscito en 2009, para anular la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, aprobada por el parlamento en 1986 y ratificada en referéndum, en 1989.

No conformes con lo anterior, en 2011 se aprueba la ley interpretativa de la ley de caducidad con solo los votos del FA, un voto hace la mayoría en el senado.

Otro jalón en la evolución del lawfare en Uruguay es la creación de una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, órgano de dudosa constitucionalidad.

Con el encuadre de la ley interpretativa y la creación de la fiscalía especializada se montan juicios espurios donde el fiscal, ante la falta de pruebas, acude al recuerdo de los denunciantes y testigos que se construye a partir de otras consideraciones, a partir de un relato colectivo que los orienta. Se admite que ellos “no sabían quiénes eran los represores” que “eso también fue un hecho colectivo” (Brecha, 20 Agosto 2021).

Existe un proyecto de ley que establece prisión domiciliaria para personas mayores de sesenta y cinco años, el cual aliviaría en una pequeña parte el sufrimiento de aquellos detenidos y sus familias. El mismo se considera necesario y urgente, pero no suficiente. Se requiere de una ley que devuelva al sistema la situación creada por la ley de caducidad, aprobada por un parlamento democrático y dos veces refrendada por la ciudadanía.
Esperamos que los poderes Legislativo y Ejecutivo actúen en consecuencia.

La pasividad es lo mismo que defender la injusticia, en este caso la violación de derechos fundamentales como lo es el de un juicio justo.