@|Una resolución administrativa del Consejo Directivo Central de la ANEP (Administración Nacional de la Enseñanza Pública) que dispuso dejar sin efecto otra -dictada en el año 2019 por las anteriores autoridades del CODICEN y comunicada por la Circular No.1/2019- en lo relativo al uso del denominado “lenguaje inclusivo” en la ANEP, motivó un pronunciamiento de varios colectivos que adujeron sentir que se afectaba la “libertad de expresión” con lo resuelto.

Muy por el contrario, a nuestro leal saber y entender, lo resuelto en el marco de sus legítimas atribuciones por las autoridades actuales, no desconoce la existencia de esas variaciones en el uso de “términos inclusivos”. Pero debe prestigiar la unidad y diversidad como “principios guía del sistema educativo”, a efectos de proteger la libertad de elección en el modo de hablar de los ciudadanos, sin imponerle variaciones que resultan minoritarias entre los hablantes de una misma lengua, las que podrán o no sostenerse en el tiempo por su uso.

Se dispuso que, en el marco del compromiso por “la equidad de género y el abordaje e implementación de prácticas que contribuyan a disminuir las brechas de género existentes en nuestra sociedad”, debe propiciarse un lenguaje “que se ajuste a las reglas del idioma español”; fijándose dentro de la ANEP la utilización del lenguaje inclusivo, siempre que esté ajustado a las reglas del idioma español, las que dicta la Real Academia de la Lengua, utilizando expresiones inclusivas “cuando sea posible”.

Resulta de especial significación la enseñanza del lenguaje como medio de comunicación y el desarrollo de las competencias comunicativas de las personas, la expresión del pensamiento así como la posibilidad de reflexión.

Se opta por las reglas que rigen el idioma español, adoptándolo como “lengua oficial de la enseñanza”, sin desconocer las variaciones y diversidades lingüísticas que puedan irse produciendo por el uso en el transcurso del tiempo, con sus modificaciones y transformaciones.

Entiendo del caso significar que en nuestro país no existe una Ley específica que haya establecido al idioma español como la “lengua oficial”, ni menos una norma de rango constitucional que la establezca. Sin embargo, nadie nacido en este territorio puede desconocer al español como “lengua madre”, por imperio de la costumbre.

Muy lejos estamos de un atropello a la “libertad de expresión”, como pretenden quienes se oponen a lo resuelto.

Debiera preocuparnos más el descenso que se ha constatado en la comprensión lectora, así como la deserción escolar de los alumnos de la enseñanza pública, tanto como la pobreza en el uso del vocabulario de tan rico lenguaje -como es el español-; hechos estos que ciertamente atentan contra la verdadera inclusión que dicen defender quienes abogan a ultranza por el uso de lenguaje y términos “inclusivos”.

Las acciones y políticas públicas verdaderamente inclusivas debieran partir del reconocimiento de la diversidad de quienes se encuentran en situaciones diferentes desde cualquier punto de vista, a fin de corregir en la medida de lo posible esas “brechas de género existentes en nuestra sociedad” que mencionamos.