@|Laboralmente he asistido a muchas reuniones en donde el tema a tratar, por lo general y en forma aleatoria, generaba dos grupos de opiniones opuestas. Los que veían el vaso medio lleno y los que opinaban lo contrario.

En lo personal, me molestaba mucho la pérdida de tiempo valioso que se podía invertir en la productividad.

Eran reuniones absurdas que insumían horas de discusiones sin resultados prácticos.

Acepto que de ambos sectores se esgrimían argumentos, a veces muy bien fundamentados, sobre su postura al respecto.

Pero entonces, ¿por qué las calificaba como inútiles?

Por la sencilla razón de que se evitaba formular la pregunta correcta que consistía en definir qué era lo más conveniente para la empresa: ¿el vaso lleno o el vaso vacío?; y proceder en consecuencia.

Lo traigo a colación porque veo qué es lo que está pasando justamente con la elección de los directivos para el manejo de la institución de DDHH, en donde la discusión se está centrando para definir quién se queda con este bastión para darle un uso político.

En total acuerdo y consonancia con las dos últimas editoriales de El País con respecto a este tema, entiendo que la pregunta correcta que nos debemos hacer es: ¿justifica mantener una institución que está políticamente direccionada y no ha dado ningún resultado relevante en sus 14 años de existencia?

Para ello, debemos tomar en cuenta dos factores cruciales que se mencionan en las referidas editoriales y es que, en la actual democracia, el país ya cuenta con distintos centros que cumplen esta función y segundo, pero no menos importante, es que el gasto generado a la fecha en funcionamiento y mantenimiento de esta institución ha quemado un total de 56 millones de dólares desde su creación.

¿No cree que sería más conveniente invertir este monto de dinero en soluciones habitacionales y/o mejoras de las penitenciarías, que es donde hoy se constatan los mayores debes del Estado en relación a los derechos humanos?

Pienso que es el momento para considerarlo seriamente y pronunciarse.