@|Fue sin lugar a dudas multitudinaria, la 27ma. “Marcha del Silencio” en que se manifiesta el repudio por los hechos propios del terrorismo de Estado que, entre otras barbaridades, causaran 197 detenidos desaparecidos, cuyos nombres se leyeron en la explanada del Palacio Municipal, reclamando al Estado la “verdad sobre su paradero” pues a su criterio, esta verdad “sigue secuestrada” y debe saberse dónde están.

Sus fotos encabezan la marcha que cuenta además, con el apoyo de la Asociación de Madres y Familiares de los mismos, que reclaman por esa “Verdad, Memoria y Justicia” y porque en nuestro país no vuelva a repetirse ni la tortura, las ejecuciones y las desapariciones vividas en los oscuros años de la dictadura.

Ciertamente una herida abierta en nuestra sociedad, en aquellas familias que ni siquiera han podido procesar su duelo a cabalidad, luego de experimentar tan desgarradora experiencia.

Sin embargo, se advierte que el relato de esta historia reciente ha sido sesgado, y al parecer la única violación de los derechos humanos que se repudia es la que partió inadmisiblemente del Estado, ocultando -principalmente a las generaciones que no vivieron esos tiempos- información, que es lo mismo que falsear la realidad de los hechos, tal como ocurrieron.

Cuando nuestro sistema republicano y democrático habla de los “derechos de la persona humana”, lo hace en forma “general y abstracta”, sin teñirlos de ideología alguna.

Eso no ha ocurrido con quienes reclaman por esta memoria y justicia, la que al parecer obedece sólo a las víctimas (reiteramos, inaceptable e inadmisible) del terrorismo de Estado y nada dicen de los derechos humanos de quienes fueron, a su vez, víctimas de las acciones de estos terroristas -mal llamados “guerrilleros”- que optaron por el uso de las armas para alcanzar el poder y que nunca han pedido disculpas por sus actos.

Nada dicen de sus propios secuestrados, torturados y asesinados con total alevosía -en algún caso sólo por razones propagandísticas- como los cuatro jóvenes soldados acribillados a balazos dentro de un vehículo militar que, en 1972 custodiaba –hicieron cincuenta años el pasado 18 de Mayo- la casa del entonces Comandante en Jefe del Ejército. Sólo a modo de ejemplo: de los derechos de estos militares a quienes se truncó su vida, ni del dolor de sus familias y sus huérfanos, nadie parece acordarse. Como si sus “derechos humanos” fueran de segunda categoría.

Nada dicen quienes ahora reclaman y llaman a responsabilidad al Estado, que fueron ellos mismos quienes aplaudieron el Golpe de Estado y sus Actos Institucionales.

En rigor de la verdad histórica, las nuevas generaciones debieran contar con toda la información, para que sin dogmatismos, ni relatos fáciles que sólo tienen una evidente intencionalidad política, adopten en definitiva su postura.

Sólo así se podrá restaurar nuestra sociedad en este tema, buscando un sano equilibrio de compensaciones y tratando a todos los involucrados directamente en los hechos, de acuerdo al Principio de Igualdad contenido en la Constitución Nacional, el que debe ser respetado para el fortalecimiento de nuestras instituciones republicanas.