@|Recientemente el gobierno de Lacalle Pou ha flexibilizado la Ley Nro. 18.256 reglamentada por el decreto 284/008, ambos promulgados en el año 2008. Esto ha generado una gran polémica de sectores de la academia y de la oposición política que ven en esta flexibilización un retroceso en la ¨exitosa¨ política antitabaco del gobierno del Dr. T. Vázquez.

En primer lugar, como médico, no tengo dudas del daño que produce el tabaco sobre la salud de la población. Sin embargo, por más que venga auspiciada desde la OMS a través del Convenio Marco para el Control del Tabaco, esta política no ha dado los resultados esperados, o sea, no es tan exitosa como sus defensores argumentan.

La mortalidad por cáncer bronco-pulmonar (CBP) es el índice más sensible para evaluar el éxito de una campaña de este tipo ya que se estima que 83-84% de estos cánceres son atribuibles al tabaco. Sin embargo, el impacto se observa entre 20 y 30 años posteriores de comenzar a fumar. Por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas del MSP entre 2008-2018 la mortalidad global por CBP no tuvo variación significativa.

Es interesante la evolución de la epidemia por sexo. La mortalidad en hombres aumentó desde fines de la II Guerra Mundial hasta la década de los 90 cuando la tendencia revirtió y comenzó un lento descenso hasta el día de hoy. Por otra parte, cuando la epidemia de tabaquismo en hombres llega a su máximo, la epidemia en mujeres comenzó a aumentar y continúa hasta hoy. Sin embargo la mortalidad global no ha cambiado. Por lo tanto no podemos evaluar aún el impacto de las medidas antitabaco sobre la mortalidad. Debemos recurrir a un parámetro subrogante, o sea el consumo de tabaco.

En un estudio longitudinal de una reconocida encuestadora de nuestro país (Cifra, 08-22), se mostraron algunos hechos interesantes: 1) que entre 2001 y 2007 el consumo de cigarrillos ya venía disminuyendo de 34% a 31% o sea 3 puntos porcentuales, 2) entre 2008 y 2013 de 31% a 23% o sea 8 puntos y, 3) entre 2014 y 2022 de 23% a 21% o sea 2 puntos.

Destaco tres cosas de esta encuesta: 1) el consumo de tabaco ya venía cayendo desde la década del ‘90. 2) le promulgación de la ley y el impacto comunicacional de la campaña determinó un efecto significativo sobre el consumo y, 3) luego de pasado este impacto inicial hasta el día de hoy, el efecto de las medidas fue prácticamente nulo.

Por otra parte, la Encuesta Mundial del Tabaquismo en Adultos (GATS) que es parte del Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaquismo, incluyó a nuestro país en 2017 e indicó que el número de fumadores en ese momento era de 21,6%. Esto coincide con los guarismos de la encuesta nacional y nos permite concluir que la disminución del consumo de cigarrillos se ha frenado a pesar del endurecimiento de las medidas en la última presidencia del Dr. Vázquez.

La medida de no fumar en ambientes cerrados fue bienvenida para aquellos que no fumamos y no queremos ser fumadores pasivos. Pero las intervenciones en el diseño de la caja y el ocultamiento del producto en los puntos de venta para desalentar el consumo son de dudosa efectividad.

Por otra parte, el aumento de la carga impositiva al cigarrillo fue una medida condenada al fracaso porque estamos lidiando con una adicción pertinaz. Los fumadores no dejan de fumar, se corren al mercado negro.

Habría que reconsiderar toda la política antitabaco pero especialmente las leoninas medidas recaudatorias. La evidencia indica que no solo no son efectivas, sino que castiga a los sectores más vulnerables de la sociedad, que sabemos son los que más fuman y se corren a los productos de contrabando.

En conclusión: El Estado debería promover campañas de información para que cada fumador, haciendo uso de su libertad responsable, discuta con su médico sobre los perjuicios de esta adicción. La mejor política antitabaco es la que informa objetiva y racionalmente sobre los riesgos, no la que intenta desalentar una adicción mediante pictogramas desagradables y las penurias económica de la gente.