@|Nuestro país siempre se ha distinguido en el concierto latinoamericano y mundial, y ha logrado conservar su imagen de seriedad institucional, que lo coloca en mejor posición que muchos de sus vecinos.

Por cierto, ello no obedece a los grandes números, ni al tamaño de su población y mercado, ni al desarrollo de ciudades inteligentes, sino a una particular idiosincrasia que lo hace diferente.

En buena medida, nuestros orígenes históricos y conformación particular de sus comunidades, así como el temprano surgimiento de partidos políticos fundacionales, aún vigentes -hoy considerados de los más antiguos del mundo- con una impronta muy fuerte en el concepto de libertad, el respeto por la palabra dada y el cumplimiento de las obligaciones contraídas; así como las leyes que consagraron derechos fundamentales de primera generación, desde el inicio de nuestra vida independiente, nos siguen señalando como un Estado de Derecho confiable, con instituciones democráticas y republicanas que debemos preservar.

Desde aún antes de jurarse la primera de nuestras constituciones, Artigas impulsaba “la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable” y la libertad de prensa, así como la libre expresión del pensamiento, gozaron siempre de leyes que protegieron esos derechos.

Una prueba de fuego lo constituyó el encare de la pandemia que azotó al mundo y a nuestra región latinoamericana, que supo enfrentarse aplicando el criterio de la “libertad responsable”, sin someter a la población a encierros obligatorios ni a toques de queda; situación de la que se está saliendo, habiéndose aumentado los auxilios estatales en los sistemas de seguridad social y planes de asistencia a los sectores más vulnerables.

Se ha respetado la separación de poderes del Estado, como garantía de correcto funcionamiento republicano y democrático. Y prueba de ello lo constituyó la reciente sentencia judicial de amparo que dejó en suspenso lo resuelto en Decreto del Poder Ejecutivo, en cuanto a identificar la marca de cigarrillos en cajillas blandas. Y éste, por su parte, renunció a apelar dicha sentencia hasta tanto se pronuncie el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que demuestra el correcto funcionamiento de los Poderes públicos, necesariamente independientes.

Del mismo modo, resulta atractivo nuestro país para aquellos extranjeros que han decidido establecerse en nuestro territorio e invertir en él; por la seguridad jurídica del mismo, así como la probada conducta de cumplimiento de las obligaciones asumidas. Sería deseable que para lograr el tan mentado (y pregonado no sólo por los grupos que se pretenden progresistas) “desarrollo nacional y mejores niveles de vida en nuestra población”, se tuvieran en cuenta estas cuestiones, y se contribuyera con una actitud proactiva -alejada de intereses y cálculos políticos mezquinos- a acompañar las necesarias reformas -tanto en educación, como en los sistemas de seguridad social- que las autoridades de gobierno promueven, asumiendo cada quien sus respectivas responsabilidades.

Hacer, en suma, un buen uso de todas las herramientas jurídicas que nuestro sistema democrático y republicano ofrece por igual, a los distintos actores políticos.