@|Ha tomado estado público un planteo de alguien que se ha atribuido la representación de una Asociación de Propietarios Argentinos, tan inoportuno como inadmisible: obtener la exoneración total del tributo de contribución inmobiliaria de su propiedad en nuestro país, argumentando su imposibilidad de uso.

Nada más alejado de los criterios básicos que refieren a la imposición tributaria a que tiene derecho la autoridad pública, como natural fuente de recursos que administrará y le habilita al cumplimiento de sus fines.

La capacidad de asombro no debe perderse nunca, pero que este planteo lo formule un “empresario”, ciertamente no tiene asidero que lo pueda justificar… ni mínimamente.

El disparatado planteo –que seguramente no recoge el sentir ni menos la posición de la totalidad de integrantes de la mencionada asociación que manifestó “presidir”- entiende que, su deber de contribuir al funcionamiento del Estado en el que ha resuelto invertir, debe cesar en caso de la no utilización de los bienes inmuebles que detenta en el territorio nacional. Y ello, lo habilitaría a reclamar la exoneración que pretende.

¿Desconoce acaso que, toda la estructura de una sociedad organizada, tal como la concebimos en nuestras latitudes, tiene su base en un pacto social, que ha quedado plasmado en la Constitución y en la Ley?

¿Que el funcionamiento de los órganos estatales y/o municipales requiere de la contribución de todos los habitantes de su territorio, para cubrir los presupuestos de gastos e inversiones que redundarán luego, en el normal funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra organización social?

¿Puede acaso creer que un Estado de Derecho, como el de nuestro país, que tiene bien ganado su prestigio por la solidez de sus instituciones, basado en principios republicanos y democráticos, podría acceder a concederle este privilegio… como si de una gracia divina se tratara? ¿Cuál debiera ser el fundamento de tal trato especial o diferencial a su respecto?

Debiera este insólito peticionante ser algo más respetuoso con nuestro país y con su estructura jurídica y tributaria.

Por alguna razón en algún momento, ha entendido conveniente invertir en nuestro país, y al hacerlo -seguramente bien asesorado- aceptó las reglas de funcionamiento de nuestras instituciones.

Resulta, a todas luces, inaceptable el planteo, hasta desde el punto de vista moral, ya que en tiempos de emergencia sanitaria -de los que felizmente nuestro país viene saliendo- nuestro Estado debió sí asistir a los más vulnerables, reforzando planes de asistencia y de seguridad social (a los que debieron acogerse a seguros de desempleo, a las familias que a consecuencia de la pandemia han pasado momentos muy críticos) y no debe siquiera considerar este tipo de planteos. Ni mucho menos, recibir presiones y/o amenazas veladas ni explícitas, de quienes -desde presuntos grupos de poder y desde su comodidad- sólo buscan satisfacer sus intereses.

Ciertamente lamentable.