Goy Viera Silva | Montevideo
@|Somos casi nonagenarios y habida cuenta de la campechanía demostrada por Ud. podríamos tutearlo como a un nieto, pero elegimos dirigirnos no al hombre –aún a riesgo de parecer un gesto demasiado solemne y/o caricaturesco-, optando por hacerlo formalmente hacia su investidura de Primer Mandatario que, como interlocutor que conlleva la necesaria autoridad apta para decidir -en lo nacional- sobre temas actuales dramáticamente importantes a nivel planetario que merecen mucho más que un contacto coloquial, para paliarlos primero y eventualmente eliminar después sus efectos: cambio climático, calentamiento global, daño a la biodiversidad. Todos interrelacionados y con injerencia mutua con lo antropológico.

Uruguay está llevando adelante una Política de designación de Áreas Protegidas que, a nuestro entender, tiene una velocidad muy lenta. El tema es de una gravedad que va mucho más allá de costos políticos y no creemos además que haya una sola persona en el país que esté en desacuerdo con la implantación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es una Política de Estado. Pero ella carece de rieles, durmientes y vehículos lubricados y ágiles. Porque se hace todo a la uruguaya. Porque los actores discurren equivocadamente sobre el tema. Porque lo aplican unos y otros como herramienta “política” o ideológica. Ello produce colisiones y embotellamientos. Y el tiempo y su falta urgen. Estamos rezagados en relación a la escala internacional determinada por estudios técnicos. Asimismo es una Política muy muy costosa.

Y aquí llegamos al punto neurálgico de la situación :

El principal palo en la rueda contra el SNAP lo han puesto los propios jerarcas y consultores de dicho organismo al imponer prohibiciones rocambolescas injustificadas para el manejo de las Áreas Protegidas, creando ruinosamente un alto costo para los propietarios involucrados en las mismas. Estamos seguros que Ud. dirá, al igual que nosotros, que no es justo. Nosotros se lo hemos demostrado a la Comisión Administradora Específica con irreprochable documentación técnica, pero han sido oídos sordos los receptores. Es de interés público, y lo reconocemos aceptando el SNAP. Pero no es gratis y no es posible dañar a la gente y no repararla. Y rechazamos el Plan de Manejo. Y, por otra parte, estamos llevando adelante una demanda de nulidad del decreto formulado por el gobierno anterior que elimina nuestro derecho a una expropiación indemnizatoria.

Y seguramente Ud. dirá que el país no tiene plata para eso. De acuerdo. Pero Ud. coincidirá con nosotros en que lo ideal sería que el Estado fuera propietario de todas las Zonas Protegidas. En ello va la vida de todos los sectores socioeconómicos: producción, industria, comercio, salud, asentamientos, clase media, clase alta, niños, ancianos, pobreza, cárceles, educación, sistema financiero; todas las clases sociales serán afectadas directa o indirectamente por una suerte de Apocalipsis si cada país no asume responsablemente la muy probable realidad de un futuro catastrófico. ¿O cabe alguna duda sobre que -de no hacerlo- la gente incinerará al planeta y a sí misma?

¿No sería viable que el Estado expropiara todas las Áreas Protegidas pagando con bonos emitidos a 80 ó 100 años de plazo cuyo valor incluyera daños y perjuicios y una tasa de interés adecuada? Existe el Fondo Para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que el 23/9/24 realizó un Foro en Punta del Este sobre temas relativos a su actividad. Presumimos que dicha entidad podría interesarse en el asunto si Uruguay tramitara la colaboración de dicho organismo proponiendo algún tipo de convenio que, de concretarse, sería un punto de inflexión desde el cual Uruguay levantaría vuelo exponencialmente hacia un alto y muy valioso destino.

Y finalmente, sí nos dirigimos a la persona. Nuestros saludos, Luis.