@|Hoy, cuando tanto se habla de “mantener los motores de la economía funcionando” de cara a la cuarentena y la pandemia, deberíamos preguntarnos: ¿qué rol juegan los contrabandistas, qué injerencia tiene la actividad que los quileros desarrollan en la frontera con la misma dificultad y riesgo que las demás áreas de la esfera comercial?

Cuando encontramos que según los datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el desempleo en el departamento de Cerro Largo, por ejemplo, alcanza el 50,5% y la informalidad -que ha estado vinculada al contrabando desde hace más de dos siglos- llega al 49,1% del comercio en la región, deberíamos preocuparnos por ver qué medidas se adoptarán ahora en tal sentido.

Como si no bastara con el sacrificio que ya implica ir a la frontera en condiciones indignas, como si no fuera suficiente el peligro que representa, incluso el riesgo de la propia vida, ahora también deberán enfrentarse con el posible contagio de un virus potencialmente letal, solos y sin ningún tipo de ayuda; como si la vida y la salud de esos ciudadanos fuera de menor valor por desempeñarse en la informalidad o fuera de los marcos legales.

No es culpa de los quileros que la función comercial que realizan no goce del amparo de la normativa; más bien pensemos cuáles han sido las gestiones que todos los gobiernos que han pasado por la dirección del país han adoptado para crear fuentes de trabajo o darles una opción distinta de vida.

Nadie puede decir que desconoce dicha actividad, porque la misma ya era practicada por el propio Prócer Nacional José “Pepe” Artigas en 1793; sin embargo hasta la fecha, ni con la vigencia de un Mercado Común del Sur (MERCOSUR) los gobiernos han sabido enfrentar semejante dificultad comercial, arancelaria, impositiva, laboral y social en la frontera, transparentando y legalizando una labor que sería menos peligrosa si no fuera triplemente castigada con la condena penal, la incautación de la mercadería y multa, más la aprehensión de los vehículos.

Lo cierto es que en los departamentos fronterizos, los comercios legales sobreviven gracias al consumo que estos mismos contrabandistas y su entorno moviliza, comprando electrodomésticos, muebles, celulares, etc.

Por eso, en las medidas para paliar la situación especial de pandemia en Uruguay se debe pensar también en ellos, escuchar y atender las realidades de la gente de la frontera que quiere estudiar, trabajar y vivir con dignidad.

Tal vez vaya siendo hora de poner los pies en la tierra y de pensar soluciones integrales y a largo plazo, que atiendan e incluyan a las nuevas generaciones de este fragmento de la sociedad que, al igual que otros sectores de la realidad nacional, requiere se contemplen sus necesidades y sus derechos como ciudadanos.

Por lo tanto, es justo asumir dicha realidad y adoptar medidas que no los excluyan, sino que los hagan parte de la “nueva normalidad”.