Nicolás Etcheverry Estrázulas | Montevideo
@|En la edición de Búsqueda del 29 de febrero Raúl Ronzoni comentaba las dificultades – mejor dicho imposibilidades – que, en muchos casos, las víctimas de violencia de género o los damnificados en general tienen de poder cobrar algo en los juicios y reclamos. Les resultan favorables en los papeles, pero no en los hechos. Al final, las victorias son simbólicas, pírricas o como máximo morales, pues son un consuelo para el espíritu, pero no para el bolsillo de las víctimas a las que se les dio la razón y se atendieron sus demandas.

Concuerdo plenamente con esta descripción de lo que pasa desde hace años en nuestro sistema de justicia. Y esto lógicamente produce primero molestia, luego rabia, indignación y por último desaliento. Pues seguir transitando esos caminos con la idea preconcebida de que poco o nada se va a lograr desde el punto de vista de resarcimiento económico, solo alimenta el descreimiento de la justicia. Los que antes confiaban en seguir por las vías judiciales sus legítimos reclamos, ahora lo ven cada vez más como una burla, una tomadura de pelo, un accionar inútil y desgastante. No se trata de volver al arcaico régimen de aplicar la prisión por deudas, pero tampoco se trata de resignarse y seguir profiriendo con ironía la chistosa frase “¡Andá a cobrarle a Magoya!”.

Algo se debería hacer, o al menos intentarlo, para que esto no sea una bola de nieve que cuesta abajo se desprende y crece, fomentando cada vez más las ganas de hacer justicia por mano propia.

¿Por qué no estudiar la posibilidad de proponer un proyecto de ley que sea mucho más estricto y severo en casos de delitos de violencia de género con daños físicos y/o psicológicos en las víctimas, para que los victimarios no puedan esconder fácilmente sus entradas de dinero o sus bienes en terceros que los encubren y también para que, en esos casos graves, los depósitos de salarios, jubilaciones y pensiones de los victimarios sean embargables? Obvio que pueden seguir elidiendo sus responsabilidades trabajando y cobrando en negro, pero esto cada vez resulta menos sencillo. Otra vía puede ser que los culpables indemnicen en especie o con parte de su trabajo lo que no pueden hacer con bienes o dinero. No serán panaceas, ni creo sean las únicas soluciones para el problema, pero quizás una legislación más profunda y rigurosa en estos aspectos podría abrir un flanco de confianza y de esperanza para las víctimas y damnificados, en vez de simplemente darles una palmada en el hombro y seguirles diciendo como gran consuelo, la frase de siempre…