@|Las reacciones de los integrantes de la fuerza política del denunciado ex jerarca del Ministerio del Interior en tiempos de Bonomi (en el asunto de la “bala perdida” que dejara parapléjico a un joven albañil vecino de La Paloma) y hoy Senador de la República, que insiste en que ha sido objeto de una injusta campaña para desprestigiarlo, demuestran cuál es su grado de respeto por el ordenamiento jurídico que rige el accionar de los funcionarios públicos.

Con una pretendida y total impunidad, el propio implicado que hoy se presenta como “víctima”, no tuvo prurito alguno en disponer que el herido fuera tratado en dependencias del Hospital Policial (en una especie de “régimen de pensión completa” para él y un acompañante) por más de tres años, ni menos aún en presentarlo ante las autoridades de ese centro hospitalario, como sub oficial de Policía, para que recibiera el trato preferencial y correspondiente a ese grado. Tampoco le tembló el pulso, cuando intervino para que el mismo damnificado usufructuara de tickets de alimentación por una suma mensual nada despreciable.

Ni dudó de amenazar con suspender ese auxilio, al solicitarles absoluto “silencio” tanto al baleado, como a su familia. Adujo “razones humanitarias” y de “necesidad” de la víctima -de ese proceder festivo inaceptable, con el resultado trágico por todos conocido- para justificar lo injustificable. Todo ello, con recursos del Estado, lo que significa que fue costeado con dineros de los contribuyentes, por obra y gracia de un funcionario público de jerarquía, que decidió por sí y ante sí, ese tratamiento. Aunque luego, cesó este “auxilio” al enterarse del reclamo civil interpuesto contra el Estado.

Lo cierto es que, según la información que ha trascendido, se eludieron todas las normas que regulan el proceder ajustado a Derecho, y por razones que evidentemente nada tienen que ver con el interés público, sino con intereses personales o de su sector político, se pretendió encubrir o proteger a quienes ocasionaron tamaño daño personal irreparable.

Todo esto debiera investigarse en profundidad para que cada quien se responsabilice de sus actos y además, para que la ciudadanía sepa la verdad de lo ocurrido y saque sus conclusiones.

Resultaría más que peligroso para nuestro sistema democrático y republicano de gobierno, permitir que sus funcionarios públicos actúen excediéndose de sus atribuciones legalmente conferidas y califiquen las “injusticias” o las “razones de humanidad” o de “necesidad” según sea su criterio personal y su conveniencia político partidaria.

Resulta a todas luces inadmisible que “lo político se sitúe por sobre lo jurídico” y el pronunciamiento de Fiscalía y de la Justicia en el caso que nos ocupa, debieran garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho.

Cada quien puede ser tan altruista como le plazca con su propio peculio y su patrimonio personal; por respeto a su libertad, le será permitido intentar subsanar las “injusticias” que estime. Pero, en ejercicio de funciones públicas, donde el “saludo es con sombrero ajeno”, se debe ser doblemente cuidadoso con los dineros y recursos que le son confiados, pues para garantía de todos, debe extremarse la actuación reglada.