@|Hay temas en política de los que se sabe y nadie se atreve a hablar, quizás porque en alguna forma todo el espectro político se sienta en parte culpable por haber contribuido a ello en sus momentos de gobierno.

Uno de ellos, tal vez el de mayor incidencia en las economías de los países sea el costo del Estado y su punto más álgido: los empleados públicos. O el exceso de ellos, amén de las prebendas, concesiones, derechos y beneficios que diversos gobiernos les han ido otorgando en aras del mantenimiento o crecimiento de sus adherentes (votantes).

En mis cartas ya lo he comentado y no reincidiré en explicarlo pero, en estos días, los medios han publicado expresiones de un connotado emergente en el plano político argentino, que me han causado gracia por el modo y el desparpajo con que este original personaje se expresa públicamente.

En un encuentro partidario en la ciudad de Córdoba, este díscolo abogado, sin pelos en la lengua, expresó referido al costo del Estado en el idioma sin tapujos con que acostumbra, la frase: “las empresas públicas son un aguantadero de ñoquis”; lo cual no está muy lejos de la verdad en muchos países.

Uruguay no escapa a ello, aunque el gobierno actual, calladamente, sin hacer alarde de su decisión, parece haber tomado el toro por las astas; lo cual ha provocado, como era previsible, otra queja de la oposición (partidaria de un Estado obeso y dadivoso) reestructurando el personal de las empresas públicas, sin despidos, pero respetando la exclusividad de “la producción de ñoquis” a las fábricas de pastas.