@|La seguidilla de medidas “de lucha” (¿?) que han venido planteando las organizaciones sindicales desde comienzos de 2020, me llevan a hacer llegar algunas reflexiones básicas:

1. Los sindicatos no son representativos de los trabajadores en general, sino de un grupo muy específico de ellos, en función de su ideología.

2. En muchos casos, no existen como entidades legales, con personería jurídica ni pautas de funcionamiento, como cualquier otra institución democrática del país.

3. Se arrogan atribuciones que no les corresponden, entrando en el terreno de la política partidaria y dejando de lado estrictamente la defensa de los derechos laborales concretos y en situaciones que lo ameriten.

4. Asumen que tienen únicamente derechos y no obligaciones y que no se pueden limitar de ninguna manera las acciones que decidan adoptar.

5. Se resisten a cumplir las leyes y a respetar a las autoridades constituidas cuando llevan adelante medidas tales como ocupaciones y “piquetes”.

6. Perjudican a los ciudadanos en general o a los clientes de una empresa en particular cuando establecen acciones desmedidas y no contemplan sus derechos.

7. Lo mismo hacen en relación a los derechos de los empleadores.

8. Se consideran con potestades de “dueños” de las empresas públicas, con exigencias de que sus planteos sean aceptados como “verdades reveladas”.

9. Perjudican el clima de negocios en general y del potencial de inversiones externas en particular.

10. No contribuyen en nada útil al desarrollo de la sociedad y de la mejoría de la vida del país.

Y eso que vienen actuando con un Gobierno flexible, comprensivo de las posiciones de los verdaderos trabajadores, promotor del empleo, considerado hacia los más necesitados, con un Ministro de Trabajo “de lujo”.