Roberto A.A. | Montevideo
@|Tenencia de armas en Uruguay.

La reciente valiente reflexión de Francisco Sanguinetti sobre la tenencia de armas de particulares llega en un momento crítico. Uruguay enfrenta un aumento sostenido de la delincuencia, acompañado por una propuesta de futuro gobierno del Frente Amplio que plantea el desarme de la población, la liberación de presos y una visión que considera al delincuente como una víctima de las fallas sociales. Estas políticas generan interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad pública, derechos individuales y el rol del Estado en la protección de los ciudadanos.

La legítima defensa no es solo un principio jurídico, sino una respuesta humana ante una inseguridad que amenaza la vida y el bienestar de las familias. En un contexto donde las instituciones parecen desbordadas y la justicia no alcanza para contener el auge del crimen, muchos ciudadanos se ven obligados a pensar en mecanismos de autoprotección. Pero, ¿qué tan lejos estamos de convertirnos en una sociedad fracturada, donde el uso de la fuerza sea la única herramienta para preservar lo que el Estado no puede garantizar?

En este marco, intimo públicamente a Yamandú Orsi a que declare, con claridad y sin ambigüedades, la política de seguridad que implementaría su gobierno, asegurando que:

1- No liberará presos como solución a la sobrepoblación carcelaria.

2- No desarmará a la población como solución a la violencia.

3- Aplicará penas proporcionales al delito, dejando de negociar juicios abreviados que resulten en penas mínimas para delincuentes bajo la premisa de que son “víctimas” de la sociedad.

De no hacerlo, su silencio será interpretado como una negativa alarmante para los ciudadanos, quienes no tendrán otra opción que armarse “hasta los dientes” en defensa propia ante la inacción del Estado.

Es fundamental que los líderes políticos sean transparentes y se comprometan con soluciones efectivas que prioricen la seguridad de los uruguayos. Si las políticas se enfocan únicamente en atender las causas sociales del delito, pero desatienden la protección inmediata, el resultado será un escenario donde cada ciudadano quede a merced de una delincuencia que opera con impunidad.

Uruguay merece un plan integral que combine seguridad efectiva, justicia rápida y equitativa, y prevención social. Ignorar este debate sería permitir que la desconfianza y la desesperación tomen el control. La población exige respuestas claras, no evasivas. Es el momento de actuar con responsabilidad y determinación.

Propongo y es hora de conformar una comisión integrada por ciudadanos de diversos orígenes políticos, incluyendo independientes, que funcionen como una caja de resonancia para proponer y actuar en defensa de la seguridad pública de nuestra sociedad.