El jueves escribíamos en el editorial sobre el modus operandi que responde a los lineamientos de los “Cuadernos” del marxista italiano Antonio Gramsci. Cuya consigna es captar políticamente el pensamiento y el sentir de la sociedad, penetrando a los sectores gremiales y colectivos sociales para implantar una hegemonía cultural marxista. Un libro de Juan Pablo Arocena, ganador del concurso en el Instituto Manuel Oribe, lo trae a la palestra.

Sindicalistas del gremio de la construcción actuaron de manera violenta y patoteril el martes pasado. Impidieron a los obreros la descarga de material para las obras destinadas a las viviendas donde se reubica a los habitantes del “Barrio Kennedy” de Punta del Este. El Intendente de Maldonado, Enrique Antía, con una firme e indispensable decisión, se propuso terminar con los asentamientos. El esfuerzo que nunca se hizo en decenas de años, comenzó a hacerse realidad. No ocurrió ni con gobiernos de los partidos tradicionales, ni cuando gobernaban los militares, ni a lo largo de los 15 años del Frente Amplio .

La villa miseria (eufemismos aparte) conocida como El Placer, ubicada junto a los característicos puentes ondulados sobre la desembocadura del arroyo Maldonado, desapareció tal como había sido prometido. Dejó en su lugar a un bonito parque al borde del agua, de acuerdo a las previsiones de la autoridad departamental. Transformado en espacio verde, hoy se ha convertido en un paseo frecuentado por fernandinos, visitantes y turistas. Para el traslado del Kennedy que comenzó el año pasado ya se han construido docenas de casas. Se hallan emplazadas no muy lejos del sitio donde se había instalado en forma precaria en ciertos terrenos linderos al Club de Golf. Allí se había proyectado en tiempos del presidente norteamericano John Kennedy (de ahí el nombre) una iniciativa de corte social a través de la Alianza Para el Progreso, dentro de un programa de ayuda enfocado hacia distintos países de América Latina. Pero como a veces sucede, aquellas buenas intenciones se frustraron por motivos varios y aquel vasto espacio se fue llenando de “okupas” de distinto tipo. Desde gente buena y trabajadora pero sin recursos, y de personas emprendedoras que pusieron algunos negocios, hasta que aparecieron los delincuentes de diversa calaña que impusieron sus reglas y se fueron adueñando del lugar.

No era cosa sencilla convencer y mudar a unas 500 familias, pero la relocalización está en marcha a partir de la construcción de las casas que conformarán un nuevo barrio legal, con todos los servicios acordes. Para emprender el ambicioso proyecto la Intendencia obtuvo el apoyo de la Junta Departamental dirigido a la creación de un fideicomiso de oferta privada por US$ 35 millones. Financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en US$ 28 millones y otros US$ 7 millones por el BROU, con respaldo del estado nacional.

Sin embargo, a pesar de tratarse de un emprendimiento dirigido en favor de la clase trabajadora, de la cual el Sunca se siente con credenciales para representarla, los dirigentes sindicales siguen, conscientes o no, directrices de Gramsci tales como la “agitación permanente”. No titubean al momento de alterar el orden de las cosas bajo la excusa de reivindicaciones a menudo exageradas, con actitudes intransigentes que perjudican tanto al que trabaja como a los que invierten y crean empleos. Frenar la actividad económica es hacerle daño al país entero y más cuando este se ve enfrentado a complejos e inesperados desafíos (pandemia) situaciones complicadas por razones externas, (la guerra de Ucrania) factores climáticos (sequía) o la herencias de anteriores administraciones. De los que o no hicieron lo que se debía, (Mujica-Astori dixit) caso del agua potable, o de recursos dilapidados por malas decisiones. Por ej. el agujero de millones de dólares de la inútil regasificadora.

El rasgo más llamativo de las medidas decretadas por el Sunca en esta ocasión han sido los cortes del hormigonado. Una acción violenta que implica en el menor de los casos, la total pérdida de la carga de cemento que llevan los camiones a las construcciones. Pero si se trata de edificios grandes y se aplica la restricción mientras se está haciendo una planchada en un piso, hay que reforzarla o demolerla, para hacer- la nuevamente. Los empresarios explican que es una decisión sindical, que no se sustenta en conocimientos técnicos. A la vez, las constructoras se quejaban el jueves de que en Maldonado continuaron con los cortes de hormigonado. ¡Que viva la Pepa!