La pelea que se desarrolla en estos momentos entre la gigante compañía de información tecnológica Apple y el FBI (Federal Bureau of Information) de Estados Unidos, es sintomática de los tiempos en que vivimos. En la actualidad la tecnología impregna todos los estamentos de la sociedad, y no sólo la de EE.UU. sino a nivel planetario.

La revolución digital es un fenómeno que llegó para quedarse y transformar al mundo y las relaciones de los seres que lo habitan. Nada lo puede parar por más que lo intenten los gobiernos totalitarios.

Pero el avance de la modernidad plantea día a día nuevos dilemas para los que no hay legislación suficientemente actualizada. El presente conflicto es una vívida muestra en la que se plantea el intrincado problema entre el derecho a la privacidad de las personas y las exigencias del gobierno y los servicios de inteligencia en pos de un importante objetivo: el de la seguridad. La de los propios ciudadanos, como también puede llegar a ser global, si el enemigo, como en el caso que nos ocupa, es el terrorismo. La pretensión del FBI es que Apple le permita acceder al iPhone que estaba en poder del terrorista Syed Farouk, quien el pasado mes de diciembre, junto con su mujer, mató a 14 personas en San Bernardino, California, antes de ser ambos abatidos por la policía.

En primera instancia, ¿quién puede estar en contra de que se posibilite avanzar en una investigación que brinde pistas sobre el accionar de gente tan desvariada y peligrosa, capaz de cometer cualquier atrocidad al grito de Allah? Tal como acaba de hacerlo una mujer uzbeka en Rusia, tras cortarle la cabeza a una pequeña niña de la cual era supuestamente su niñera.

Una reciente encuesta en EE.UU. del Pew Research Center dio que una mayoría de un 51% estuvo a favor de dar curso a la petición del FBI, un 38% en desacuerdo, y un 11% no contestó.

Después de que un juez federal le ordenó a Apple que ayudara al FBI a recuperar la información del celular el 16 de febrero, su presidente, Tim Cook, manifestó su desacuerdo por considerar que ello era un avasallamiento por parte del gobierno norteamericano, y adelantó que pensaban resistirse. Si bien la decisión de un juez federal en Nueva York en un caso de narcotráfico podría darle un respiro a Apple pues denegó un pedido semejante que le había sido planteado, la empresa estaría dispuesta a llegar hasta la Suprema Corte de ser necesario.

La verdad es que la línea que separa la privacidad de la lucha antiterrorista es muy delgada, y el asunto iPhone ha re- abierto la discusión sobre las libertades civiles y la protección de los datos personales, piedra angular de este conflicto.

Por una parte existe la sospecha de que si Apple aceptara la demanda que le obliga a crear un mecanismo (la puerta de atrás) que permita quitar el cerrojo para descifrar las llamadas del terrorista, se estaría creando un precedente legal difícil de revertir. Inclusive se especula del porqué el FBI hizo pública precisamente esta situación. Evidentemente es un episodio capaz de crear una mayor sensibilización a favor de su pedido. Y desde el momento en que Apple cumpliera la orden judicial vendrían enseguida otros reclamos, pues se sabe que hay intención de que se desbloqueen unos doce móviles más.

En teoría, los gobiernos representan los intereses de la población pero no todos ellos son tan respetuosos de los derechos individuales. Por algo Apple pasó meses en China negociando con la principal operadora del país para vender sus teléfonos, asegurándole a la población que los datos en sus iPhones no podrían ser espiados por el gobierno. Si aceptara en casa violar la privacidad de sus clientes, le sería más complicado decirle no a exigencias de las autoridades chinas. Y justamente, una de las fortalezas de Apple proviene del hincapié en la invulnerabilidad de sus equipos. Algo que a cualquiera le interesa pues existe el perenne temor a los hackers. Está en juego un punto crucial y diferenciador para la compañía. A la vez de que esto puede ser visto como una nueva pulseada entre empresas poderosas —que no siempre tienen las mejores intenciones en beneficio de la sociedad sino en el propio— y el gobierno. Facebook, Twitter y Google han apoyado la postura de Apple (no así Bill Gates), en el entendido de que la orden del juez sobrepasa las facultades legales del gobierno y viola los derechos constitucionales de la libertad de expresión. Mr. Cook insiste en la importancia de la protección de los datos y en que el desbloqueo podría poner a la gente en una gran debilidad, a pesar de que según el New York Times, Apple ha cooperado las veces que ha podido.

La discusión está servida.

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