Lo que sucedió el viernes en Soriano está lejos de ser un problema solo de los implicados. Se trata simplemente de la confirmación de la politización de nada menos que la fiscalía de nuestro país, y su intento de cambiar las reglas de juego.

¿Qué sucedió? Más allá de los hechos concretos, que el lector podrá revisarlos en cualquiera de las decenas de notas al respecto, estamos ante una fiscalía que pretende juzgar penalmente conductas harto extendidas en todos los gobiernos departamentales que nunca habían sido punidas.

Porque seamos claros. En este caso no hay un delito burdo y evidente como fue en el caso de Artigas. En el departamento del norte, hubo un mecanismo de falsificación de horas extras que benefició irregularmente a funcionarios. Esa práctica sí constituye un claro delito y fue así juzgado.

En este caso, como casi siempre que alguien no tiene un elemento contundente para reprochar al otro, la fiscalía realiza un listado de prácticas que individualmente sería muy difícil que alguien pretendiera llevar a la justicia. Entre las cosas que la fiscal “le encuentra” a Besozzi está que repartía arena y pedregullo a gente que se lo pedía. También le reprocha que en conversaciones privadas algunos vecinos le solicitan que arregle un camino y esa misma persona le pedía listas para votar. ¿De verdad recién en el año 2025 la fiscalía se entera que las intendencias funcionan de esa forma?

La gran pregunta es si estas son las nuevas reglas de juego. ¿La justicia está dispuesta a ir judicialmente contra la enorme mayoría de los jerarcas departamentales? ¿La fiscalía está dispuesta a investigar e incautar los celulares de toda la plana mayor de la Intendencia de Salto donde hay indicios de clientelismo mucho más brutal? Porque si no está dispuesta, efectivamente estamos ante una politización evidente, no sabemos si de toda la fiscalía, pero sí de muchos de sus fiscales. Y cuidado, no se trata de que no haya nada cuestionable en la forma en que funcionan las intendencias en general, y la intendencia de Soriano en particular. Por el contrario, creo que sería muy buena cosa para la institucionalidad de este país que los gobiernos locales tuvieran mejores contrapesos. Pero reconocer esos problemas está muy lejos de validar lo que la fiscalía está haciendo. Para cualquiera de las decenas de miles de personas vinculadas a los gobiernos locales, nada de lo que se está acusando a Besozzi representa una novedad.

No podemos omitir que esta rarísima actuación de la fiscalía se suma a las insólitas filtraciones que siguen ocurriendo siempre a los mismos “periodistas” y siempre contra los mismos sectores políticos. Pero además, en este caso, se agrega que se trata de una fiscal que nunca tuvo ningún prurito en incumplir su prohibición de realizar proselitismo político. Hace 36 horas ella cerró su facebook, demasiado tarde para que miles de personas pudieran ver lo que publicó durante la última década: una manifestación de militancia frenteamplista. La fiscal tiene posteos donde repite noticias falsas sobre Luis Alberto de Herrera, otros encabezados con la expresión “blancos pillos”, imágenes romantizando la figura de Mujica y Topolansky, difunde tapas de la revista “Caras y Caretas” y por supuesto apoya declaraciones de Jorge Díaz. Ni un cliché del militante del comité de base le faltó.

Esta señora es la que resolvió que era razonable detener a un ciudadano primario absoluto y con nulo riesgo de fuga, en lugar de llamarlo a declarar como indagado. Le pareció más entretenido montar un operativo televisivo donde se les quitaba la libertad a estas personas.

Lo sucedido el viernes representa una novedad absoluta en la forma en que la fiscalía trabaja que veremos si el Poder Judicial acompaña. Sorpresivamente y durante una campaña departamental se formaliza a una persona por prácticas harto conocidas y que jamás habían sido punidas.

La gran pregunta es si se trata de una mera persecución política o si es un cambio de criterio general que adoptará la fiscalía de este país. En ese caso no debería hacerse esperar la intervención por cosas mucho más burdas como la cesión de terrenos para cooperativas de vivienda a cambio de militancia política que está harto documentada ocurre en Salto.

Lamentablemente la primera opción tiene mucho mayor probabilidad.