La discusión política del momento es probable que no permita destacar la divulgación de un trabajo sobre la carga fiscal en toda América, realizado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y el BID.

Se trata de un trabajo de fácil acceso en la web, de rápida lectura y singulares resultados, de extraordinaria utilidad económica y política.

Constituye una discusión bastante bizantina, analizar por ejemplo la mayor o menor justicia de diversas formas de impuesto a la renta, o de la contribución inmobiliaria, sin ver primero cómo es la presión fiscal global.

En una empresa importa primero lo que se paga por el conjunto de los impuestos, que la discusión acerca de cada uno. Y en el país es igual. Así por ejemplo se analiza la contribución inmobiliaria rural señalando que no puede ser posible que padrones de diferente potencial paguen lo mismo. O que es injusto que los productores no pagaran Impuesto de Primaria. Se trata de análisis absurdos técnicamente, porque un sector paga un conjunto de impuestos y es esa globalidad la que permite sacar conclusiones relevantes.

Desde este punto de vista el estudio es absolutamente contundente: Uruguay es el país de mayor carga tributaria, de mayor presión fiscal global, incluyendo en ella todo lo que corresponde incluir es decir impuestos nacionales, departamentales, y contribuciones a la seguridad social públicas y privadas. La medida incluye también ingresos estatales no tributarios provenientes de explotación de recursos naturales, como energía en Paraguay o petróleo y gas en México o Bolivia, que en Uruguay no existen.

No se incluye en cambio el componente tributario de las tarifas públicas nuestras, que de algún modo pueden considerarse equivalentes a la explotación estatal del petróleo, del gas o de la energía hidroeléctrica.

Con estas precisiones Uruguay es el peor de todos, 8 puntos del PBI por encima del promedio de América, seguido de cerca por Brasil y Argentina. Tenemos la presión de las más altas en los impuestos a la renta, triplicamos al promedio americano en impuestos a la propiedad encabezando la lista por lejos, somos los segundos peores en el IVA aunque por ventaja mínima, en el comercio internacional estamos en el promedio, somos de los peores en la presión que supone la seguridad social, y por todo esto somos definitivamente impresentables a escala continental.

Uruguay siempre ha sido y quizás siempre será, un país de impuestos elevados en razón del tamaño de su estado. Pero se ha llegado a un extremo liderado por el gobierno actual y su famoso “espacio fiscal” absolutamente espantoso. En lo político el trabajo sirve para asignar responsabilidades objetivas. Y en lo económico se transforma en un grave problema para la inversión desde una rentabilidad humillante en la que los empresarios y los ciudadanos son obligados a compartir el 35,5% de su esfuerzo con el Estado.

Sin analizar la calidad actual del gasto, sin mencionar que con ese nivel no tenemos educación, infraestructura, seguridad y otros bienes públicos, sin entrar en el destino de esos impuestos, la sola consideración de la globalidad de los efectos y del ranking americano nos permiten hacer tres comentarios más.

El primero, que en lo económico y gracias al impulso del gobierno actual (creación del impuesto a la renta, de primaria, de más impuesto al patrimonio, del ajuste fiscal llamado consolidación, de agujeros en varios lugares ) la situación es obvio que no da para más y menos aún al haber llegado con esa presión al 4,9 % de déficit.

El segundo comentario deriva de la comparación internacional: es obvio que así no puede haber inversión extranjera importante, a menos que como en el caso de UPM se le construya pico a pico como en el truco, un estatuto tributario según su gusto. Y la inversión doméstica obviamente no va a estar conforme y además se va a ver desafiada por lo que ocurre con la tributación en otros países, como por ejemplo muchos productores rurales en Paraguay, o inversiones en real state en Miami.

Finalmente una consideración más respecto de esa mirada miope, consistente en querer arreglar los impuestos de a uno. En este caso el problema es la puesta en práctica del art. 129 de la ley 19.678 que “soluciona” un problema del Banco de Seguros del Estado. Ocurre que los productores rurales pagaban un aporte unificado por hectárea, según el cual cubrían lo correspondiente al BPS y al seguro de accidentes de trabajo.

Lo real es que el BSE entendió que la fracción de ese aporte por hectárea que le volcaban no era adecuada y allí nomás cambió el régimen de pólizas que aumenta significativamente. Para conveniencia exclusiva del BSE.