El presidente Lacalle Pou anunció días atrás una medida que puede tener un impacto mayúsculo en la sociedad, y en la economía del país. Se trata de la creación de un fideicomiso, que permita avanzar en la regularización y relocalización de asentamientos.

Un detalle muy importante, es que parte de ese fideicomiso se nutrirá con dinero que hoy ingresa el Instituto de Colonización para comprar tierras.

Si bien todavía no se conocen los detalles profundos del proyecto, parece una idea rupturista y desafiante.

Primero que nada, hay que señalar que Uruguay tiene un problema severo en materia de acceso a la vivienda de los sectores más desafavorecidos, en especial en el área metropolitana. Esto es producto del proceso de migración del campo a la ciudad que se vivió durante décadas en el país, así como de diferencias dramáticas en materia demográfica entre distintos sectores sociales. Un problema que nunca fue encarado con la profundidad que ameritaba, y que lleva a que hoy unos 200 mil uruguayos vivan en asentamientos. Un detalle importante, luego de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, y que contaron con recursos como nunca, la cantidad de gente en esta situación se mantuvo estable. Y eso que el proceso migratorio interno, en buena medida se frenó hace años.

El Uruguay no puede seguir en esta situación. Se trata de un porcentaje demasiado alto, indignantemente alto de compatriotas, que en un país con generosa disponibilidad de tierras, viven en la precariedad, generando nichos propicios a la delincuencia y al abuso.

Por otro lado, tenemos el Instituto de Colonización. Se trata de una herramienta cuyo origen se remonta a lo profundo de la historia del país, y que tiene el loable fin de facilitar el afincamiento y el desarrollo en el medio rural. Pero, hay que decirlo, ha tenido enormes problemas para cumplir con su cometido, como muestra precisamente la existencia de asentamientos en la zona metropolitana. Esto ocurre porque el funcionamiento del INC no ha sido óptimo ni adaptado a las necesidades de la gente. Pero también porque hay tendencias sociales y culturales, como es la del crecimiento de las poblaciones urbanas, que son globales e imposibles de frenar.

Hoy Colonización dispone de más de 400 mil hectáreas en su propiedad, un capital de más de 1.200 millones de dólares, cantidad inmensa para un país como Uruguay. Y su “devolución” a la sociedad nunca ha sido adecuadamente medida, y es muy discutida por muchos analistas calificados.

Esto se agravó durante los gobiernos del Frente Amplio, que impulsados por una visión típicamente dirigista, anclada en miradas de lo rural propias de hace un siglo, destinaron millones y millones de dólares para la compra de tierras para Colonización, sin mayor análisis del impacto o el beneficio general de esta política. Sin contar que se ha prestado para chanchullos y distorsiones muy grandes en el mercado de tierras y campos.

Hay algunas preguntas obvias que debe hacerse hoy el país, especialmente en la situación que nos encuentra lo que esperemos sea la post pandemia. ¿Es realista pretender que más gente se afinque en zonas rurales a producir? ¿Es viable hacerlo en las escalas que alienta el formato que tiene Colonización? ¿Es la manera más eficiente que tiene la sociedad de usar esos recursos millonarios?

Las respuestas seguramente son complejas, y deban provocar estudios y debates. Pero el tiempo que vivimos nos obliga a pensar “fuera de la caja”, y a animarnos a superar algunos tabúes.

Uruguay enfrenta al salir de esta pandemia una crisis dramática. Y necesita proyectos que potencien la economía, a la vez que suturen heridas sociales como la falta de vivienda digna. El usar recursos que a todas luces no parecen estar siendo demasiado eficientes, para potenciar un plan de regularización y construcción de viviendas, no solo sería un empuje fundamental a la economía, sino que saldaría una deuda social inmensa. Y con recursos genuinos y existentes.

Pero esto debe hacerse de manera racional, eficiente, medible y pensada. Pero además, requiriendo el aporte y compromiso de los beneficiarios. O sea, lo más parecido posible a Mevir, lo más distinto posible al Plan Juntos.

Por supuesto que un proyecto así, si se hace bien, tendrá un impacto político mayúsculo. Alcanza ver las reacciones de algunos dirigentes del MPP, furiosos y diciendo que con esto “se enfrenta a los pobres del campo con los de la ciudad”, para comprobar lo poco que conocen de ese campo, y lo menos que les preocupan en serio “los pobres”. Más razón para estudiar a fondo un programa de este tipo.