El próximo plenario del Frente Amplio (FA) de inicios de junio seguramente decida “impulsar todos los mecanismos” con el objetivo de “garantizar el derecho” de los uruguayos “en el exterior a ejercer plenamente su ciudadanía y participar en el acto electoral”.

Esta iniciativa del FA contraría expresamente la voluntad popular. En efecto, en las elecciones de octubre de 2009 se sometió a plebiscito popular una reforma constitucional sobre el tema del voto de los uruguayos en el extranjero. El texto de la hoja por el Sí no podía ser más claro: “voto por Sí el proyecto de Reforma Constitucional que permite el voto epistolar (por correspondencia) desde el exterior de la República y faculta a la Corte Electoral para instrumentar otros procedimientos”.

¿Y cuál fue su resultado? Con una masiva participación ciudadana de casi el 90% de los inscriptos para votar, el 25 de octubre de 2009 solo el 36,93% del total de los uruguayos votó por Sí a esa reforma. Dicho de otra manera: la abrumadora mayoría del pueblo uruguayo, casi dos de cada tres ciudadanos, cuando tuvo la posibilidad de manifestarse en favor del voto de los uruguayos en el exterior, por vía epistolar o por “otros procedimientos”, prefirió decir que No.

Por si esa voluntad popular claramente expresada en unas elecciones libres y plurales no fuese suficiente, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) también tuvo su qué decir en este tema. En efecto, como el FA no quedó conforme con el resultado del plebiscito, pretendió enmendar la plana de la voz del pueblo pocos años más tarde.

En 2018, el Parlamento de mayoría izquierdista votó una ley que dio un carácter interpretativo a algunos artículos de la Constitución con el objetivo de crear una comisión para buscar “alternativas jurídicas para la instrumentación del voto en el exterior”. Frente a lo que era claramente una violación de la Constitución, blancos, colorados, independientes y Partido de la Gente se presentaron ante la SCJ, quien les dio la razón y declaró inconstitucional el primer y más importante artículo de esa ley.

Tenemos entonces que el pueblo hace muy poco, en 2009, se manifestó rotundamente en contra de la iniciativa del voto en el exterior. Luego, frente a la terquedad del FA que pretendió corregir la voluntad popular en 2018, la SCJ señaló que esa iniciativa legal izquierdista violaba la Constitución. Pero ahora el FA vuelve al ataque con la idea, seguramente, de plantear una nueva reforma constitucional a plebiscitarse con las elecciones generales de 2024.

Alguien podrá decir que nada de esto es nuevo, ya que el FA se ocupó de derogar de hecho la ley de caducidad de 1986, ratificada por el pueblo en 1989 y nuevamente apoyada en 2009, con su ley N°18.831 de fines de 2011. En este sentido, esta nueva iniciativa del voto en el exterior recorre los mismos caminos soberbios de la izquierda, esos que se niegan a aceptar los resultados electorales que no están de acuerdo con lo que ella estima deben ser los resultados correctos.

Pero lo más grave de toda esta iniciativa electoral del FA es que una vez más la emprende contra una de las garantías democráticas más importantes que tiene el Uruguay: la certeza de los resultados electorales y la seriedad institucional que garantiza, a todos, que la Corte Electoral es la que de punta a punta controla la justicia de nuestros comicios.

De nada sirve que se nos critique diciendo que somos de los pocos países en el mundo que no acepta el voto en el exterior. Primero, porque eso es lo que ha decidido el pueblo en voto directo, tanto al ratificar esta Constitución como luego en el plebiscito de 2009. Y segundo, porque somos una isla de calidad democrática en un continente que carece de ella: es, precisamente, porque somos tan estrictos con la conformación de nuestro cuerpo electoral que somos esa excepción que tanto nos envidian en el continente americano.

Esta iniciativa del FA desconoce las garantías institucionales de nuestra democracia, se mofa de la voluntad popular ya expresada, y busca contradecir finalmente la clara opinión de la SCJ ya manifestada. Forma parte de su estrategia de confrontación permanente en la que se abrazan banderas ideologizadas sin importar el apego nacional por la parsimonia y la prudencia democráticas que son las que nos distinguen en el mundo.

Es indudable que el FA siempre estuvo atravesado por vertientes antidemocráticas. Con esta iniciativa, la izquierda que pretende tener el monopolio de la voz del pueblo está mostrando una vez más que, en realidad, está en contra de la voluntad popular.