A la hora de analizar las causas de la derrota de la Coalición Republicana en las pasadas elecciones también deben tenerse en cuenta aquellas medidas que se tomaron que resultaron negativas o no tuvieron el efecto deseado.

Una en particular es muy sintomática, dado que implicó un gasto extraordinariamente alto para el Estado, ineficiente desde el punto de vista económico, injusto desde el punto de vista social, contrario al Estado de Derecho y nulo desde el punto de vista electoral. Nos referimos a la “solución” aprobada en el Parlamento a instancias de senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado para deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda.

La medida, a la que se sumó alegremente luego todo el sistema político incluida naturalmente la oposición, pretendía “solucionar” el problema de un grupo de unos 25.000 deudores que había contraído préstamos con instituciones públicas, que los habían refinanciado entre otras casuísticas y que debían, naturalmente, el préstamo que habían pactado con su subsecuente cadencia de pagos y refinanciaciones. Pues bien, enmendando la plana de decisiones tomadas por adultos mayores responsables con instituciones financieras públicas, se decidió gastar unos 590 millones de dólares para resolverle este problema a unas 25.000 personas, vale decir se le transfirió de rentas generales más de 23.000 dólares a cada uno.

Cuesta encontrar una medida más ineficiente, injusta y demagógica. En primer lugar, es ineficiente desde el punto de vista económico porque implica una locación de recursos que hubiera sido mucho más eficiente para otros fines más urgentes y porque implica entrometerse en asuntos entre agentes económicos donde no había habido ninguna situación que ameritara un salvataje de ningún tipo.

Existe cientos de fines más importantes y necesarios, más hablando de una cuantía de recursos extraordinariamente alta como la que nos estamos refiriendo.

En segundo lugar, es un gasto enormemente regresivo e injusto desde el punto de vista social. En un país donde aún existe un 9% de la población en la pobreza, personas viviendo en asentamientos con necesidades básicas insatisfechas ¿cómo se justifica que se les transfiera más de 20.000 dólares a unas 25.000 personas que tienen vivienda propia y, por tanto, no se encuentran entre los uruguayos más humildes? ¿Por qué razonamientos se entiende que este es un fin prioritario antes que darle vivienda a quienes no la tienen o a los niños con necesidades de nuestro país? Además de ineficiente, por tanto fue una inmoralidad escandalosa.

En tercer lugar, es notorio que escapa a las potestades que debería ejercer el Parlamento tomar decisiones de este tipo sobre reparto de recursos en la sociedad. En definitiva, lo que se hizo fue sacarle recursos a todos los contribuyentes (incluyendo los más pobres) para dárselos a un pequeño grupo de clase media elegido a dedo. El Parlamento no debería poder cometer estos actos de ta-maña arbitrariedad, que abren la puerta a otras groserías mayores, en que los representantes del pueblo se arrogan el derecho de manejar los recursos públicos como propios, jugando a ser Papa Noel con plata ajena.

En cuarto lugar, por si faltara algo, resulta inocuo desde el punto de vista político, como alcanza con ver las magras votaciones de los senadores que promovieron la iniciativa. Nadie vota pensando en que legislador fue uno de los que promovió tal o cual proyecto, como es evidente para cualquier persona con un mínimo de comprensión de la realidad. Vale decir, no solo hicieron algo antieconómico, injusto socialmente y reñido con el Estado de Derecho, sino que además no les sirvió para nada.

Una de las lecciones de este episodio, y otros similares, de los que debería aprender la Coalición Republicana y, ojalá, todo el sistema político, es que la compra de votos clientelista afortunadamente no funciona. Son mucho más redituables las medidas que se toman que redundan en mejorar la calidad de vida de todos, de forma que la población premie al gobierno de turno antes que intentar comprar votos groseramente con medidas dispendiosas.

También, seguramente, es síntoma de un tiempo que ya pasó, aunque se niegue a morir, en que los legisladores juntaban votos repartiendo tarjetitas y favores. Para volver a ganar y gobernar bien, es necesario otro tipo de políticos, de nuevas generaciones y más enfocados en lo que es realmente importante para la población en su conjunto.