La denuncia y formalización del exintendente Besozzi ha hecho eclosionar una crisis que se viene incubando desde hace años. Esta vez, toda la oposición ha reaccionado con hartazgo ante lo que se percibe como un claro abuso por parte de la fiscal del caso, que solicita arrestar a una figura pública de primer nivel, por cuestiones muy discutibles, en plena campaña electoral municipal.

El tema se agrava por la información que va surgiendo acerca de la fiscal, y una vida en redes sociales de barrabrava partidaria, al mismo tiempo que cumplía una función a nombre del Estado. Es difícil pretender que ante esos hallazgos, y una actuación en el caso francamente cuestionable, el tema no se vuelva político, y que la Fiscalía no quede envuelta en la polémica. Sobre todo, porque desde hace años que esa oficina viene mostrando actitudes peligrosamente partidarias, desde que la persona encargada de generar esta institución vital para la confianza en el sistema, el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, la usó para labrarse una carrera política.

En las últimas horas, el gremio de los fiscales, dirigido por Willian Rosa, salió públicamente a denunciar una arremetida de la actual oposición contra la Fiscalía. Lo hizo junto a su colega Perciballe, una de las figuras más cuestionadas por lo que justamente se denuncia.

Tiene razón Rosa en que hay que cuidar a la Fiscalía, y su rol en el proceso penal. El problema es que su inquietud parece ser siempre flechada, y no demandar el mismo decoro del colectivo al que representa.

¿Cómo se puede confiar en un fiscal que al mismo tiempo que está cumpliendo ese rol que tanto hay que cuidar, se dedica a hacer posteos sectarios en las redes sociales, más propios de un barrabrava político que de un profesional universitario?

¿Cómo confiar en la Fiscalía cuando hay casos como la fuga del mafioso Morabito, o las reuniones del narco González Valencia en prisión, o la causa que afecta al exsenador Carrera, que llevan años sin que se cite a un testigo, y aquí se mete preso a un candidato por acciones típicas de una autoridad local?

¿Cómo se puede confiar en la independencia de una Fiscalía que durante años ha sido un colador de filtraciones de información reservada, que siempre beneficia a un mismo partido político?

Si Rosa está tan preocupado por el respeto a los fiscales, lo primero que debería hacer es exigir a los fiscales que respeten su función.

El problema, el de cuidar la institucionalidad, siempre se ha usado con motivos cuestionables.

Por ejemplo, hace ya varios años, cuando quien ocupaba la dirección de Fiscalía era Juan Gómez, el jerarca concedió una entrevista a este diario donde contaba de un panorama preocupante en materia financiera de la institución. Algo que no evitó que su predecesor contratara a un operador político por un monto disparatado para integrar el equipo de comunicación de Fiscalía. En aquel momento, un periodista notorio, que luego fue uno de los principales beneficiarios de las filtraciones del caso Astesiano, acudió a las redes sociales a denunciar que El País tenía poca vocación democrática por “atacar” a la Fiscalía al publicar ese reportaje. ¿No le resulta llamativa esa preocupación democrática de quien luego se benefició directamente de las filtraciones ilegales? ¿Le preocupaba la institucionalidad o cuidar un sistema que le permitía acceso privilegiado a contenidos reservados?

O cuando desde el propio corazón de Fiscalía se filtró a un medio que se había descubierto a un fiscal imprimiendo un “dossier” secreto destinado al Dr. Ferrés, en aquel momento prosecretario de Presidencia, cuando lo que había era un simple recurso administrativo destinado al jerarca correspondiente.

Ese es el tipo de situación que se han vivido en los últimos años, y que deberían haber generado la preocupación del Dr. Rosa y de su gremio, para evitar llegar a lo que está pasando hoy. Y, sin embargo, no se escuchó a nadie preocupado por esas cuestiones gravísimas.

Así hemos llegado a lo que ocurre hoy, donde cada vez que hay una actuación importante de esa oficina, el comentario en los corrillos judiciales y periodísticos, tiene que ver más con la filiación política del fiscal, que con el fondo de la cuestión.

Lo que debería preocupar hoy a todos los uruguayos, es ver cómo va a hacer el país para salir de esta crisis institucional seria. Y devolver a la sociedad la confianza en un organismo que es fundamental para el funcionamiento del proceso penal. Y por tanto, las garantía esenciales que permiten vivir pacíficamente en una sociedad.