La rápida intervención y firme decisión del ministro de Defensa Nacional Javier García impidió que este mes de agosto se iniciara con el Aeropuerto de Carrasco prácticamente cerrado por decisión de una asamblea de los controladores aéreos.

Alegando “incumplimientos”, unas 30 personas y no mucho más habían decidido bloquear la conectividad y las comunicaciones aéreas del Uruguay por decisión propia: no se entra ni sale de nuestro Uruguay en los horarios que esa asamblea dispone.

En el Ministerio de Defensa y el gobierno sorprendió esta decisión porque de acuerdo a lo que se había resuelto unos 20 días antes (el 7 de julio) toda diferencia que surgiera en las negociaciones sería objeto de un diálogo de “buena fe” y eso no había ocurrido.

La respuesta del Ministro Javier García fue contundente e inmediata: declaró la esencialidad de esta tarea. El país vs. una asamblea sindical. Y el incumplimiento de la esencialidad, entre otras cosas, genera o es causa de destitución.

No hay duda de que existen “poderes” de que disfrutan algunos sindicatos que son tremendamente exagerados. En el caso de los controladores los gobiernos carecen de un plan B, no hay nadie capacitado para cumplir sus funciones o sustituir personas. El mecanismo es tan complejo que son los propios controladores quienes instruyen y autorizan a los nuevos controladores.

De allí parte de la fuerza que tiene ese sindicato y uno de los principales motivos de las normas específicas de la Organización Internacional del Trabajo sobre este trabajo (y también los sueldos altos que son producto de la importancia de su tarea y su especificidad).

La OIT dice concretamente que en el tema del control del tránsito aéreo no se admite absolutamente ninguna huelga, ni aún de brazos caídos, ni trabajo a reglamento ni ninguna otra.

Debe cumplirse con su auténtico contenido porque “se puede afectar la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población”. Clarito.

El titular de Defensa profundizó ante los periodistas que estaban cubriendo el tema, que el control del tránsito aéreo no puede estar en manos de una asamblea sindical. Es el país y sus leyes lo que determinan lo que está bien y lo que no corresponde.

“El 7 de julio -dijo- llegamos a un acuerdo intercedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y la asamblea gremial apoyó esa resolución que acordamos, un acuerdo tripartito con el Ministerio de Trabajo. Allí establecimos una mesa de diálogo de buena fe, así dice a texto expreso, de buena fe. Ahora, 20 días después, esa buena fe se diluye, porque esa buena fe se traduce en que por la prensa se informan de medidas, las mismas medidas que ya conocemos recurrentemente hace muchos años atrás, y se levantan de la mesa. Cuando en el día de ayer enviamos un artículo a la Comisión de Presupuestos, a Rendición de Cuentas de la Cámara de Diputados, estableciendo una de las solicitudes que hacían al 100 por ciento de lo que plantearon, y se nos plantea cobrar sin ley, ¿usted se imagina que alguien va a cobrar sin ley? Se presenta y dice “quiero la plata ahora”, aunque no haya una ley aprobada. Parece que ese grado de razonamiento en un estado de derecho no tiene cabida.

”Y, a modo de ejemplo, también repercute en los derechos de las personas, en que haya trabajadores que tengan menos trabajo, del sector turístico, del comercial, en la vida de las personas, es decir, la suerte de una familia o una persona que va a hacer o un tratamiento médico o un tema social o un tema comercial, depende de que una asamblea le diga, usted puede ir o no puede ir. Y eso no solo no está bien, es ilegal, y vuelvo a reiterarlo, la seguridad y la gravedad de las medidas impone que se declare la esencialidad”.

La propia Organización Internacional del Trabajo lo define, y años atrás -porque este reclamo tiene muchos años- los propios funcionarios del Estado hicieron una consulta a la OIT. La OIT dijo, le estoy hablando del gobierno del 2008 (primer gobierno de Tabaré Vázquez), que tiene razón el gobierno porque esta es una tarea esencial.

Esto que parece tan claro, unos días atrás no lo entendían así los controladores. Es más, a lo largo de los años han sido muchas las veces que se saltearon estas disposiciones de la OIT o anduvieron en un límite peligroso.

Parece que llegó la hora de que todos los partidos políticos elaboren y coincidan en un plan B que no deje al país en manos de un puñado de funcionarios.