Las primeras medidas del nuevo gobierno de Yamandú Orsi no dejan lugar a dudas: Uruguay está comenzando a desandar el camino de avances que se habían consolidado durante los últimos cinco años. Las señales son claras y preocupantes. La marcha atrás en políticas públicas que habían dado buenos resultados anuncia, lamentablemente, un escenario de retroceso en múltiples áreas que afectará la calidad de vida de los uruguayos, la competitividad del país y nuestra imagen internacional.

Uno de los ejemplos más elocuentes de este viraje negativo es la posibilidad de introducir nuevos impuestos, como el llamado “IVA personalizado”. Bajo una retórica de justicia tributaria, se esconde un mecanismo que impactará de forma directa en la clase media y los sectores trabajadores, afectando el consumo, encareciendo un ya elevado costo de vida y agregando más complejidad al ya de por sí pesado sistema impositivo. En lugar de fomentar el crecimiento, la inversión y el empleo, se elige el camino fácil: recaudar más, siempre sobre los mismos hombros, como es la tradición del Frente Amplio.

La decisión de abandonar la fijación del precio de los combustibles en base a la paridad de importación es otra medida que genera alarma. Este mes, si se hubiera respetado esa fórmula, la nafta debería haber bajado más de un 5% y el gasoil más de un 9%. Sin embargo, el gobierno optó por mantener el precio de la nafta y reducir apenas 1,5% el del gasoil. Esta decisión implica, de hecho, un ajuste fiscal encubierto que recaerá directamente sobre el sector productivo y sobre todos los ciudadanos. Ya conocemos este libreto: durante los anteriores gobiernos del Frente Amplio, se recaudaron miles de millones de dólares cobrando combustibles por encima de los precios internacionales. Hoy, esa historia se repite desde el primer mes del nuevo gobierno, augurando una catástrofe para los sectores más sensibles a los incrementos de los combustibles.

También resulta preocupante el anuncio de que se busca volver a permitir la ocupación de los lugares de trabajo. Esta medida no solo va en contra de la libertad de trabajo de quienes no desean ocupar, sino que también vulnera el derecho de propiedad de los empresarios. En el pasado, esto derivó en situaciones en las que los propios dueños ni siquiera podían ingresar a sus empresas. Volver a ese esquema representa un retroceso evidente en materia de relaciones laborales y daña gravemente la confianza que necesita cualquier economía sana para atraer inversión y generar empleo. Más aun, la misma discusión sobre este asunto ya está teniendo repercusiones sobre la economía real, como conoce cualquier observador atento de la realidad.

En el plano internacional, las señales también son desalentadoras. El gobierno de Orsi ha decidido quitarle el reconocimiento al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, alineándose así con las posiciones que respaldan a la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Esta postura nos aleja de las democracias consolidadas y nos acerca a los países autoritarios del continente. No se trata solo de una cuestión diplomática: se trata de los valores que el país decide defender y de con quiénes queremos estar parados en el concierto internacional. Y lo que está ocurriendo es, sin duda, un golpe a la reputación de Uruguay como país democrático y respetuoso de los derechos humanos, además de una enorme vergüenza para la enorme mayoría de los uruguayos.

Estos ejemplos son apenas una muestra de un conjunto más amplio de decisiones, anuncios y señales que apuntan todas en la misma dirección: desandar lo avanzado. Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se lograron importantes reformas y se sentaron bases para un país más moderno, competitivo y abierto al mundo. Revertir ese rumbo no solo implica perder tiempo valioso, sino también generar costos económicos, sociales e institucionales que terminarán pagando los uruguayos de hoy y las futuras generaciones.

En definitiva, a pocos días de haber asumido la nueva administración ya ha mostrado su peor cara: el país se encamina hacia un período de retroceso. No hay forma de disfrazarlo. El desafío, ahora, será minimizar el daño y mantener viva la defensa de los avances logrados, con argumentos, con datos y, sobre todo, con una ciudadanía alerta que no esté dispuesta a resignar lo que tanto costó construir. Será una tarea de la oposición, la sociedad civil y toda persona que siga pensando que el Uruguay merece ser defendido de su propio gobierno.