Los gobiernos de coalición son característicos del parlamentarismo y pueden lograrse cohabitaciones bastante eficientes y de buen funcionamiento en los semipresidencialistas co-mo por ejemplo, en Francia.

Pero hay evidencia de que surgen dificultades al momento de adaptar esto a formatos presidenciales. El debate sobre si sería conveniente pensar en reformas para obtener un relacionamiento más aceitado no es el foco de este editorial, aunque ello no impide algunas observaciones sobre nuestra presente realidad.

En las elecciones de 2019 existía en buena parte de la sociedad uruguaya un sordo clamor reclamando la alternancia en el poder. Para mucha gente, quince años de Frente Amplio eran más que suficientes y había insatisfacción con varios aspectos de estos gobiernos. Sobretodo después de que los años de abundancia que les tocaron en suerte a los mandatarios del FA empezaron a flaquear. Poco a poco, el velo de esa bonanza que no dejaba filtrar la luz claramente se fue haciendo cada vez más translúcido y afloraron más nítidamente el despilfarro y las desprolijidades de la gestión frenteamplista. Los errores de conducción, la nula mejora en la educación, el desborde de la delincuencia, la alarmante inseguridad pública, el aumento del desempleo, de la pobreza y muchas otras fallas.

Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, se adelantó a los tiempos y a diferencia de épocas anteriores en las que en nuestro país hubo gobiernos de coalición que se conformaban una vez conocido el triunfador en los comicios presidenciales, de antemano comenzó a trabajar en el armado de un acuerdo con varios partidos de la oposición cuya sumatoria permitiera alcanzar el triunfo. En los actos de campaña y luego el día de su asunción, el actual Presidente siempre subió a los estrados rodeado de los dirigentes de los distintos partidos con los cuales creó la presente coalición.

Esta lleva más de un año y para molestia del opositor Frente Amplio funciona razonablemente bien, más allá de los ruidos típicos de un complicado engranaje puesto en movimiento. Sin embargo, algunos ejes parecen necesitar un mayor “service” porque a veces chirrían más de la cuenta. Y lo peor es cuando para hacerse notar, en vez de plantear su punto de vista disidente con una u otra iniciativa del Poder Ejecutivo, en lugar de hacerlo de manera privada gustan de convocar a conferencias de prensa para que a través de los micrófonos siempre prestos del periodismo, hacer llegar al resto de la población su desacuerdo o presentar alguna idea “sui generis”, en contradicción con la política presidencial. Es el caso en estos momentos del artículo en la Rendición de Cuentas hoy a estudio del Senado, por el que se crea un fideicomiso con fondos del Instituto Nacional de Colonización para solucionar la vivienda de unos 200.000 uruguayos que hoy mal viven en asentamientos urbanos periféricos. Un proyecto caro al Presidente de la República, quien desde la anterior campaña electoral no solo mostraba su preocupación ante la precariedad en la que viven esas personas y crecen los niños de esas familias, sino que se comprometió a remediarlo en lo posible. Sin embargo, el líder de Cabildo Abierto cree tener una idea mejor y que no se debe transferir dinero de Colonizaciones para facilitar el acceso a una morada más digna a gente necesitada. Inclusive se le vio el otro día en un encuentro donde se reunieron con el expresidente Mujica algunos colonos contestatarios, en las cercanías de Toledo en Canelones.

Vale la pena entonces, detenerse en estos dos puntos. El Instituto de Colonizaciones, por obra y milagro de los gobiernos frenteamplista se transformó en el mayor latifundista de la nación. Al término de su mandato, con todos los campos que adquirieron, se llegó a más de 600.000 ha. Qué rentabilidad y cuál es la viabilidad económica de esas tierras, es asunto complejo de dilucidar pero hay unos 130 deudores que adeudan unos US$ 20 millones y US$ 10 millones serían incobrables. El gobierno ha ordenado desprenderse de las numerosas extensiones no productivas, muchas de ellas en zonas costeras y que antes que seguir comprando tierras hay que terminar de distribuir las 50.000 ha. que están varadas. Cuando termine la investigación de la AIN, se podrán conocer más detalles.

Respecto del otro planteo, usar los derechos de giro (DEG) para financiar las viviendas, es no entender que este dinero no es un regalo del FM, sino una especie de crédito “stand-by” para casos de emergencia y necesidad de liquidez por parte del Estado, en una situación límite a la que ningún país quiere llegar. Por lo tanto es de esperar el humo blanco.