En diciembre de 2014 el presidente Mujica aseguró que la llegada al país de seis presos de la cárcel de Guantánamo no respondía a un trueque de "carne humana por naranjas" entre el Gobierno uruguayo y el de EE.UU. Y, para darle sustento a su decisión, agregó que esta respondía a un gesto humanitario impulsado por la natural solidaridad del pueblo uruguayo.

A pesar de eso, ningún gobierno sudamericano aceptó recibirlos. Igual respuesta recibió el presidente Obama de los gobiernos de Australia y Suecia, de reconocida tradición en brindar asilo a ciudadanos perseguidos por razones políticas. La explicación de estas negativas se basó en aspectos de seguridad interna en función del terror que las actividades terroristas han sembrado en todo el mundo, sin distinguir Estados, gobiernos o poblaciones.

En todos los rincones del planeta estos movimientos concretan masacres colectivas o ataques selectivos propios de un fanatismo y de una insania mental que fríamente desprecia los derechos fundamentales de las personas, en especial, el derecho a sus vidas.

Como todo lo de Mujica, el proceso fue afectado por una gran opacidad, al punto que desde la llegada de los exrelusos al Uruguay las cosas no se mostraron con la transparencia debida. Varias personas e instituciones, incluido el Pit-Cnt, participaron en la dura tarea de respaldar a los refugiados para adaptarse al estilo de vida uruguayo y a su cultura, acceder a vivienda, encontrar trabajo y ser auxiliados para la reunificación de sus respectivas familias.

Por otra parte, les fueron entregados documentos especiales para trasladarse libremente dentro de todo el territorio nacional y, obviamente, para viajar al extranjero. De modo que, en ese sentido, no existen dudas de que los refugiados gozan de libertad de movimiento dentro del territorio nacional y pueden trasladarse a otros países dependiendo del consentimiento de sus autoridades de acuerdo a Derecho.

En consecuencia, si bien nuestro país "no hace de carcelero" como argumentó de forma efectista Mujica, el ingreso a territorio extranjero (en este caso Brasil) requiere cumplir con normas y formalidades aplicables a todos aquellos que con ánimo de permanencia así lo expresen.

Esta situación nada tiene que ver con la dinámica de una frontera seca que, como en el caso de Brasil, permite un tránsito de turismo y de comercio propio de la zona sin exigir documentos, a excepción del régimen de zonas francas del lado uruguayo reservado exclusivamente para extranjeros.

En este contexto se apersonó el ciudadano sirio refugiado Ahmad Diyab a solicitar ante las autoridades de Migración brasileñas su ingreso al país, exhibiendo sendos documentos expedidos por las autoridades uruguayas de acuerdo a las normas que rigen para los refugiados.

El Gobierno brasileño le negó la entrada de acuerdo a su marco normativo.

Por esa razón, ese ciudadano sirio refugiado en nuestro país no tenía derecho a traspasar la frontera, por lo que decidió internarse igual en territorio brasileño aprovechando las ventajas físicas que brinda esa compleja realidad fronteriza.

Para ser claros, Diyab no cumplió con las normas migratorias del país al que quería ingresar por lo que actuó al margen de la ley, con más razón cuando anteriormente se le había negado formalmente su ingreso al Brasil.

Frente a esta conducta el Gobierno uruguayo argumentó que los movimientos de Diyab no podían ser controlados ni limitada su libertad de traslado dentro y fuera de fronteras. No es así, porque un refugiado está sometido a las normas que rigen su status y debe observarlas, de modo que, cuando en una entrevista periodística se manifestó a favor del movimiento terrorista Al Qaeda, el Gobierno uruguayo debió advertirle de su inconducta, máxime que tiene como antecedente ser un reconocido falsificador de documentos debidamente entrenado.

En consecuencia, debió saberse que Diyab no pudo ingresar legalmente al Brasil por decisión de sus autoridades, aún exhibiendo documentos de refugiado facilitados por el Gobierno uruguayo, y presumirse que lo volvería a intentar de cualquier forma como sucedió.

Sin embargo, la realidad superó lo imaginable: los "macaneos" de Mujica al declarar que el Uruguay no es un país "carcelero" como si ninguna obligación tuviera el Estado uruguayo en hacer cumplir el estatuto de refugiado a cualquier persona que de él se beneficie.

Lo cierto es que por la región camina un sirio que dice ser partidario de Al Qaeda, que llegó al Uruguay como refugiado pero un día decidió irse y se fue. El que confía en irresponsables, pierde.

EDITORIAL