Hay consignas que hace años están instaladas: “Verdad y justicia”, “contra la impunidad”, “no al silencio”, “más memoria” y otras por el estilo que surgen de Madres y Familiares de Desaparecidos, pero las usan el Frente Amplio y el Pit-Cnt.

Tras quince años de gobierno, con mayorías parlamentarias que permitían sin negociación alguna hacer lo que se les ocurriera, aprobar leyes a su medida incluso avasallando dos pronunciamientos (plebiscitos) populares a favor a la Ley de Caducidad, caben un par de preguntas: los gobiernos del FA, ¿estaban realmente interesados en esas búsquedas que tanto proclamaban o simplemente jugaban para la tribuna? ¿Por qué si tenían todos los archivos y documentos necesarios para esclarecer hechos y conductas no investigaron para conocer las verdades verdaderas? ¿Ni funcionarios ni adscriptos al Ministerio investigaron en esos quince años, aunque fuera, los casos más notorios?

El martes pasado el ministro de Defensa Nacional, Javier García, pidió la renuncia del presidente del Supremo Tribunal Militar, Gral. (r) Daniel Castellá. Ocurrió luego de que en la tarde del lunes el subdirector general de ese Ministerio, Cipriano Goñi le informó que en el archivo documental se había encontrado una sentencia del caso Roslik de abril de 1986 que revelaba la presencia de Castellá en el interrogatorio que derivó en su muerte en abril de 1984 en el batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos.

El caso Roslik tuvo tremenda repercusión en su momento: se trataba de un médico de la localidad de San Javier, departamento de Río Negro, fundada en 1913 por unas 300 familias rusas; fue el último detenido asesinado (en una sesión de interrogatorio) por la dictadura y justo 1984 fue al año del retorno de la actividad pública y autorizada de los partidos políticos que culminó con las elecciones de noviembre que marcaron el fin del período de facto iniciado en 1973 y consagraron al Dr. Julio María Sanguinetti como Presidente de la República.

Hasta el momento se conocía solo que Castellá, fue el oficial que con grado de capitán había encabezado el grupo de militares que detuvo a Roslik. No se conocían datos de su presencia en el interrogatorio de la muerte y, por el contrario había negado su participación.

Castellá llegó al cargo de presidente del Supremo Tribunal Militar en marzo de 2017, propuesto por el presidente Tabaré Vázquez y la venia fue aprobada por el Parlamento.

Antes de ello, en el año 2012, el entonces presidente Mujica, había designado a Castellá como jefe de Estado Mayor de la Defensa (Esmade), otorgándole el grado de general cuatro estrellas. Y antes de ello, en el 2006, durante la primera presidencia de Vázquez había sido ascendido a general y, entre otras cosas, participó en el Tribunal de Honor del Cnel. Gilberto Vázquez.

Sintetizando, el general Castellá, que había estado presente en el interrogatorio y muerte del doctor Roslik, fue ascendido al cargo de general en el primer gobierno frentista, designado general cuatro estrellas como jefe del Esmade en el segundo gobierno frentista y nombrado como presidente del Supremo Tribunal Militar en el tercer gobierno frentista.

Este episodio no es el único que ha surgido con militares involucrados a raíz de documentación que ya estaba en los gobiernos frentistas y nunca se conoció, pese a los reclamos de “Verdad y Justicia”. Hay más y a esta altura no parece simple coincidencia. Allí está el caso de Gavazzo que se ha intentado endosar al actual senador Manini Ríos, pero la verdad es que el presidente Vázquez simplemente no leyó lo que se le envió (las actas que contenían la confesión ante el Tribunal de Honor del Ejército que en 1973 arrojó el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro a las aguas del río Negro) y solo lo firmó.

O lo que pasó en el caso del Cnel. Gilberto Vázquez (julio de 2006), donde las actas del Tribunal de Honor que contenía su confesión de haber ejecutado prisioneros fueron homologadas por la firma también del presidente Vázquez, pero nadie tenía conocimiento de su contenido. Con un agravante: durante las administraciones del FA esos documentos del Tribunal de Honor no se habían entregado -pese reiterados pedidos de acceso a la información- a Familiares de los Desaparecidos, pese a la presencia de dos adscriptos hijos de Ignacio Errandonea, integrante de ese movimiento, en el equipo de los ministros de Defensa de turno.

Pero algo mutó y mucho: con este ministro se han entregado más de 125 copias de tribunales de honor en repuesta a pedidos de acceso a la información, la mayoría de ellos relacionados con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Mas verdad y menos hipocresía.