Editorial

En nuestro territorio se ha llegado a 10,3 crímenes cada 100 mil personas, en Argentina el índice es de 5,2 y el país viene bajando la tasa de manera permanente desde hace tres años. En el continente sudamericano, Chile conserva el mejor rango con 3,6 cada 100 mil.

Cuando en Argentina el gobierno de Macri anuncia un cambio en el reglamento para darle más respaldo a la policía en el combate contra la delincuencia, en nuestros lares legisladores frentistas consiguen el respaldo de sus compañeros para derogar la ley acordada con la oposición para mejorar la lucha contra el delito y la protección de la ciudadanía.

En Buenos Aires, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich hizo conocer la decisión de "implementar acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía", según se desprende del texto de la reglamentación. Se habilita de aquí en adelante a la policía a disparar a un delincuente si hay ciudadanos en situación de peligro inminente. "Lo que tiene que tener la fuerza de seguridad es la capacidad de actuar para defender a la sociedad. Si el reglamento solo le permite defenderse a sí mismo y no a terceros, entonces no es policía", dijo la ministra.

La autorización a los uniformados de tirar en caso de fuga es un profundo cambio, de acuerdo a los que saben de estos temas. La medida rige solo para las fuerzas federales; Policía, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, si bien se invita a las provincias a adherirse al espíritu del nuevo reglamento.

Entre la mayoría de la gente la noticia fue muy bien recibida, pero como era de esperar, de inmediato se levantaron protestas de parte de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no faltó una denuncia judicial de un exjuez y un exsubsecretario de Derechos Humanos, ni Lilita Carrió, con el argumento que se está permitiendo matar por la espalda. En la actualidad, el policía debe esperar a que el forajido le dispare, para recién reaccionar. A lo que el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco aclaró que no se les da bandera verde a los policías para hacer lo que quieran, sino una herramienta mucho más clara y convincente acerca de en qué situaciones tienen que accionar en protección de sí mismos y de terceros al ser afectados por hechos de violencia por parte de delincuentes.

El criterio de los responsables de la seguridad pública argentina, igualito al de los de aquí...

Porque de este lado del Plata acaban de conocerse los últimos y espeluznantes datos uruguayos recabados por Fundapro. En lo que va del 2018, 356 homicidios en todo el país, mientras en el país vecino bajo el gobierno de Cambiemos, han bajado un 23%. Si no fuera por el trabajo de Fundapro estaríamos desinformados hasta que los datos del Ministerio del Interior los divulgan una vez al año. Agudo contraste con la ciudad de Nueva York, cuya policía todas las semanas presenta un informe estadístico. Esa ciudad que tiene más del doble de habitantes que todo nuestro país, 8,6 millones, ha tenido en 2018, 263 asesinatos. ¡Asombroso!

Al tiempo que en nuestro territorio se ha llegado a 10,3 crímenes cada 100 mil personas, en Argentina el índice es de 5,2. En este país viene bajando la tasa de manera permanente desde hace tres años. En el continente sudamericano, Chile conserva el mejor rango con 3,6 cada 100 mil, al tiempo que en la Venezuela de Maduro los cálculos extraoficiales muestran un infierno; 58,1 cada 100 mil.

En el Congreso del Frente Amplio, —uno de esos tantos eventos internos publicitados a diestra y siniestra— la Srta. Goyeneche, cabeza visible de la campaña en contra de la baja de la edad de imputabilidad —gratificada con un puesto muy bien remunerado en la Intendencia de Montevideo— consiguió incorporar en el programa de gobierno en discusión, la supresión del registro de los antecedentes de los menores infractores (18.778) y la prisión preventiva derogando la ley (19.055). La cual vino a dar respuesta a los reclamos de la población ante el auge del delito y de las mismas fuerzas del orden. Uno de las pocos convenios surgidos de aquellas reuniones con la oposición, convocadas por el gobierno a raíz de la reinante inseguridad. Norma que trajo buenos resultados ya que fueron disminuyendo los delitos con intervención de menores, más allá de que no se aplique a cabalidad. La ley establece la prisión preventiva en delitos graves y gravísimos. Homicidio, rapiña, secuestro, extorsión, violación y tráfico de estupefacientes.

Ahora bien, Goyeneche y compañía, la cual declaró hace poco desde su autoridad, que la gente tiene derecho a vivir en la calle —¿en su zaguán?— han logrado (quién sabe cómo son las negociaciones ahí dentro) imponerse. Son de esas personas que se muestran mucho más preocupadas por proteger a los que siembran el miedo que a aquellos que lo sufren.