Amedida que va quedando atrás la era frenteamplista, salen a la luz verdades que no se querían ver. Una de ellas es la inutilidad y el sesgo izquierdista de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

La INDDHH es dirigida por un órgano colegiado de cinco miembros, el consejo directivo, cuyos miembros son propuestos por organizaciones sociales y electos por la Asamblea General del Poder Legislativo. No es barato mantenerla: para 2015, por ejemplo, solo en sueldos, aguinaldo, y cargas legales de los cinco miembros del consejo directivo (sin contar su estructura burocrática), el costo era de unos 6.000 dólares por mes para cada uno; para 2016, por ejemplo, todo el costo fue de unos 2,5 millones de dólares.

Por un lado, es una institución que no sirve para mucho. Recibe y resuelve sobre eventuales violaciones a los derechos humanos que allí son presentadas. Pero ellas nunca son muy numerosas y en muchos casos además están siendo tratadas en paralelo por otros organismos del Estado. Fue así, por ejemplo, que recientemente decidió inmiscuirse de forma totalmente improcedente en la tarea judicial que investiga el conventillo generado por un relacionista público en contra de la vicepresidente de la República.

Por otro lado, con el cambio de gobierno se ha hecho más que evidente que se trata de una institución que, como declaró con acierto el presidente del Directorio blanco, es un mero “comité del Frente Amplio”. No solamente porque su actual integración es de mayoría frenteamplista, sino porque utilizan a esa institución para alinearla, siempre, en las posiciones políticas del FA.

Recuérdese, por ejemplo, cuando con el tema de la cadena oficial de medios negada al Pit-Cnt para el 1° de mayo pasado, la mayoría frenteamplista del INDDHH exhortó al Ejecutivo a que revisara su posición, argumentando sobre el derecho de las personas a acceder a una pluralidad de informaciones. Lo hizo como si en este país la prensa no fuera libre, o como si el Ejecutivo no hubiera dispuesto, para esa ocasión, que los medios públicos dieran amplia difusión al acto sindical.

Así como la INDDHH quiso creer que es un tema de derechos humanos otorgar una cadena de medios, también fue muy discreta al enfrentar las situaciones que efectivamente violaban esos derechos a lo largo de la era frenteamplista en el poder. Cuando en 2018, por ejemplo, un preso asesinó a otro y decidió fritar su cabeza y comérsela, porque eso fue lo que ocurrió, la INDDHH sólo recordó que las Naciones Unidas estaban advirtiendo sobre los altos índices de violencia institucional e interpersonal en muchas cárceles del país, y habló, simplemente, de una “falla sistemática” en las cárceles. No hizo ninguna exhortación de nada al Ejecutivo, por supuesto, ya que eso implicaba ir contra el gobierno de izquierda.

Además, la INDDHH se ha alineado a la agenda política del FA sin ningún pudor institucional. En estos años, por ejemplo, dedicó los dineros públicos que administra a promover medidas en favor del voto de los uruguayos en el exterior, como si fuera ese un tema de derechos humanos, y como si el pueblo no se hubiera manifestado ya contundentemente, votando en el plebiscito de 2009, en contra de esa iniciativa. Recuérdese que, en este sentido, el FA promovió una ley apoyada por el INDDHH, que terminó siendo declarada inconstitucional por la Suprema Corte y que, con buen criterio, el Partido Colorado ha señalado que debiera de derogarse, de forma de preservar así nuestra excelente calidad institucionalidad sobre estos asuntos.

Así las cosas, la INDDHH en tiempos de izquierda gobernante no fue más que una pequeña agencia de colocaciones para ubicar a compañeros del FA (o afines a ellos) en un organismo poco conocido, que paga altos salarios, y cuyas tareas consistieron, sobre todo, en hacer de rueda auxiliar de la agenda política del partido de gobierno, manejando partidariamente la legitimidad que otorga proclamarse defensores de los derechos humanos. Si se presta atención a la arquitectura institucional de nuestra democracia, no se precisa duplicar instituciones en favor de los derechos humanos: de hecho, por ejemplo, ya existe una secretaría dedicada al tema que depende de presidencia de la República.

Es tiempo entonces de sincerar funciones y de hablar claro. Es tiempo de que la opinión pública sepa que la INDDHH es simplemente una especie de comité de base del FA que es financiado, eso sí, por todos los contribuyentes. En 2019, la gente votó un cambio. Es importante que también cambie la INDDHH.