El lunes llegó al vestíbulo de la sede central del Frente Amplio una flamante partida de remeras y mochilas, regaladas por la Intendencia de Montevideo para contribuir a una corre-caminata en favor de la derogación de la LUC.

Se entregaron pertenencias de la Comuna al lema político que la gobierna, usando el dinero de todos para darle glamur a un acto de proselitismo de algunos.

La Intendenta de Montevideo Ingª Carolina Cosse dijo el jueves haberse enterado por el diario El Observador. Dejó sin efecto la donación, que el lema beneficiario devolvió, declarando no quererlo ni precisarlo, a pesar de haberlo recibido y custodiado sin chistar.

Preguntada por los periodistas, la Ingª Cosse adujo que nadie dio la orden y todo “fue un error de una persona”. Agregó que “cuando lo detectamos, hablamos con él y entendió que cometió un error. Llamamos al Frente Amplio y se desandó eso porque no era correcto”. Tampoco es correcto “desandó”: desandar se conjuga como andar y en pretérito da “desanduvo”. Pero el gazapo gramatical, aun rechinante, queda chico al lado de la dimensión del “error” y su contexto: una dimensión que no se tapa diciendo “se solucionó y para mí el tema se terminó”, ni aun si la frase se pronuncia con los mohines de simpatía y ternura que singularizan a la jefa comunal.

En realidad, tanto no estaba terminado el tema con lo que pedagógicamente hubo que explicarle tarde al funcionario, que, pese a sacar muy buena nota en comprensión, al día siguiente la Intendenta le aceptó la renuncia a su cargo de Secretario de Educación Física, Deportes y Recreación.

Y tanto no está terminado el episodio que ahora pende un pedido de explicaciones formulado desde la oposición en la Junta Departamental y hasta una evaluación penal destinada a determinar si la conducta tipifica, o no, apropiación de bienes públicos por quien los administraba por razón de su cargo, peculado.

Todo eso es muy concreto. Y también son concretas las implicaciones institucionales del asunto. Sobrepasan a las remeras y mochilas que viajaron de la Intendencia a la Huella de Seregni y de allí volvieron prestas, al develarse la infracción. Evidencian una mentalidad. Y afectan principios cuya diafanidad está en la base de nuestro Derecho Público, el cual es identidad y orgullo de la asociación política que nos constituye en República, diferenciándonos en América y el mundo.

A lo largo de la historia, peleando en las cuchillas, discutiendo en los partidos, meditando desde la doctrina y luchando cuerpo a cuerpo con toda suerte de tentaciones, el Uruguay, hasta por instinto, sabe distinguir al Estado como institución permanente y a los gobernantes como portadores transitorios del poder; y sabe también distinguir al gobierno y al partido o coalición que lo sustente.

Ese aprendizaje no se hizo gratis ni se consiguió fácil. Es el fruto de largas batallas doctrinarias libradas desde las cátedras y desde todos los rincones de la sensibilidad jurídica y política. Nos vie-ne desde los sentimientos institucionales que inspiraron las Instrucciones del Año XIII, las cuales buscaron fijar límites legales a poderes que ni siquiera se habían constituido, pues se nos impartieron mucho antes que fuéramos nación independiente y se fundaran los partidos políticos.

Por mucho que la actual laxitud de costumbres haya erosionado las actitudes vigorosas y los gestos principistas que tantas veces dominaron la escena pública, y por mucho que el Frente Amplio haya hecho para ideologizar al Estado y confundirlo con su militancia, las raíces y el tronco de nuestro Derecho Constitucional no cedieron.

Esas raíces y ese tronco fueron fuertes para admitir que el Gobierno, la Policía y las Fuerzas Armadas llegaran a ser comandados por ciudadanos convictos y confesos de crímenes contra la República. Y fueron fuertes para impedir que los exguerrilleros llegados por las urnas al gobierno, instalaran la confusión totalitaria entre Estado, partido gobernante y central obrera. Esa confusión es la esencia de los regímenes que ellos admiran. Tanto les apetece que ya ubicaron al Pit-Cnt en la cabeza del poder real, por encima de la misión esclarecedora que debe tener el pensar político genuino, que para serlo debe alzarse por sobre todos los intereses de clase.

No nos engañemos, pues. El dislate de esta semana no puede soterrarse como un error individual de un funcionario que entendió pero renunció. Debe apreciárselo como lo que es: la confirmación de que “la cabra al monte tira y una vez más razón tuvo el refrán”.