El artículo publicado este miércoles por El País vuelve a poner sobre la mesa la odisea que padeció en 2019 una familia propietaria de un pequeño emprendimiento panadero, y que en su momento ganó titulares.

Hablamos de la empresa Friopan, “ocupada” por un grupo de trabajadores que provocaron cuantiosos destrozos en la misma, por lo cual ahora un fiscal pide la formalización de nueve personas.

La importancia del episodio trasciende al dolor y pérdidas sufridas por los propietarios y los trabajadores no sindicalizados. Y pone sobre la mesa aspectos centrales de las relaciones laborales en Uruguay, que justo en este momento vuelven a debatirse a raíz de la campaña para derogar la Ley de Urgencia que, justamente, prohíbe las ocupaciones.

Refresquemos primero los datos centrales del episodio. Resulta que Friopan era la apuesta de una familia con larga tradición en el rubro panadero, que ante los cambios tecnológicos en el mismo, apostó a comprar moderna maquinaria y a invertir su capital en expandir su negocio. Trabajaban allí 115 empleados, de los cuales 38 eran sindicalizados. Al correr el rumor de que una compra de nueva maquinaria implicaría el despido de varios empleados, una treintena de los trabajadores afiliados al gremio deciden ocupar la empresa. De nuevo, 30 de 115.

Como suele suceder en estos casos, no se permitió el ingreso de los propietarios, ni siquiera a verificar el estado de la maquinaria y los productos, ni a la mayoría de empleados que querían seguir trabajando y no habían tomado parte de la decisión. No conformes con eso, los ocupantes permitieron la destrucción de materia prima, de productos y maquinarias por más de un millón de pesos. Pero a ello hay que agregar que al no poder cumplir por este motivo con contratos de suministro ya acordados, la empresa perdió todavía mucho más dinero.

Basta imaginarse el daño letal que eso produce a un pequeño emprendimiento familiar, que apostaba a invertir su escaso capital, en una actividad productiva que daba trabajo genuino en el país.

Como decíamos, más allá de la causa en marcha, y la posibilidad cierta de que ahora algunos ocupantes enfrenten una sanción penal, el tema es clave por motivos más generales que hacen a las relaciones laborales en el país.

La ley de Urgencia aprobada por el parlamento, y la cual buscan derogar el Frente Amplio y el Pit-Cnt, impuso la prohibición de este tipo de acción sindical, que es contraria a la constitución y a las normas internacionales. Entendiendo que el derecho de huelga no puede estar por encima del derecho de propiedad de los empresarios o del derecho al trabajo de los no huelguistas.

Sin embargo, los líderes del Pit-Cnt combaten esta nueva norma afirmando que la ocupación sería una extensión del derecho de huelga, que no lo es. Pero también han argumentado que las ocupaciones son muy pocas y no justifican esa regulación. Por su parte el gremialista Richard Read dijo este domingo en entrevista con El País que la LUC “es un premio a los rompehuelgas”, ya que quien no toma parte de un conflicto, eventualmente se beneficia del mismo.

Ambos argumentos son absurdos, y muestran hasta donde reina la confusión, cuando no la mala fe, en algunos dirigentes sindicales.

El daño que produce al país en general un caso como el de Friopan, va mucho más allá del caso concreto. ¿Qué comerciante o pequeño empresario va a apostar el poco capital que dispone en invertir y dar trabajo cuando sabe que le puede pasar lo mismo que a la gente de Friopan? Sobre todo cuando hay opciones de inversión financiera más rentables y que no tienen ese riesgo.

Por otro lado, si la ambición de un pequeño grupo de empleados por algunas “conquistas”, se pone por encima del derecho de la mayoría de los trabajadores de una empresa, ¿qué valor tiene la democracia en el país? Porque Read habla del caso de un conflicto en el que los empleados logran obtener lo que buscan, pero ¿qué pasa si el conflicto impulsado por una minoría termina dejando sin trabajo a todos, incluso a los que no lo apoyaron? ¿Deben pagar todos, empleados y empresarios, por la “lucha” de una minoría de empleados? ¿Es justo?

Lo que mucha gente no parece entender es que el mundo está lleno de oportunidades para quien tiene un pequeño capital. Y lograr que ese capital sea invertido en dar trabajo en nuestro país, exige reglas claras y razonables. Entre ellas, que vivamos en una democracia donde el derecho de unos pocos, no se imponga “de pesado” a la mayoría. No solo porque es negativo a mediano plazo para todo el sistema, sino porque es algo injusto y profundamente antidemocrático.