La defensa de la libertad de prensa en América Latina por parte de la Comisión de Derechos Humanos y la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, está bajo amenaza en estos días. Propulsores de esa amenaza son los gobiernos de Ecuador y Venezuela que procuran desde tiempo atrás recortarle los poderes a ambos organismos para evitar que los sigan denunciando por sus ataques a esa libertad esencial. Hasta ahora Uruguay mantuvo una postura coherente con su sistema constitucional que asegura la libertad de expresión y sin censura previa, razón por la cual en este terreno se encuentra enfrentado a Ecuador y Venezuela.

La voz cantante en la materia la lleva Ecuador cuyo presidente, Rafael Correa, entonado por su reciente reelección, tratará de minar cuanto más pueda las prerrogativas de una Relatoría que ha marcado a fuego sus repetidos ataques a los medios de comunicación. El escenario para que se consume esa acometida será la asamblea de cancilleres de la OEA a celebrarse en los próximos días en Washington en donde los países "bolivarianos" buscarán debilitar la acción de esa organización internacional en su misión de preservar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

No resulta extraño que la iniciativa provenga de países con gobernantes de tendencias autoritarias que han convertido en hábito las presiones y sanciones a la prensa y a los periodistas. En tan perniciosa labor las palmas se las lleva Correa quien no cesa de acosar a los medios y de iniciar juicios penales y civiles contra comunicadores, así como encarcelarlos o forzarlos a exiliarse. Tan sistemáticas fueron esas acciones que la Relatoría de la Libertad de Expresión, pieza fundamental del sistema de defensa de los derechos humanos de la OEA, denunció al presidente ecuatoriano a través de sus clásicos informes.

Correa no se amedrentó sino que subió la apuesta. Tanto es así que ahora, tras su reelección, aseguró que su victoria era una derrota para "la prensa corrupta y mercantilista" de Ecuador, al tiempo que ratificó que enviará al Parlamento una nueva ley de comunicación en donde el tema del control de los contenidos de los medios será un capítulo central. Al respecto cabe recordar que ideas de esa misma naturaleza fueron expuestas recientemente entre nosotros por el uruguayo-ecuatoriano Kintto Lucas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Correa. Aunque Lucas había sido mencionado para dirigir la secretaría de comunicación de la Presidencia uruguaya finalmente su candidatura al cargo fue -felizmente- descartada, al parecer por haber realizado declaraciones con esa orientación.

Es que el gobierno de José Mujica alineado en otros planos con el "grupo bolivariano", está desmarcado en una área tan sensible como la libertad de expresión respetando así la tradicional posición uruguaya asentada en la Constitución desde 1830 hasta la fecha. Si bien no se conoce con exactitud la propuesta que llevará Uruguay a esa inminente asamblea de cancilleres de OEA se anticipa que buscará preservar las funciones de la Relatoría tal como lo hizo en ocasiones anteriores en donde insistió en la necesidad de asegurar las fuentes de financiamiento del organismo así como de mantener la elaboración de su siempre influyente informe anual sobre el estado de la libertad de expresión en el continente.

Se descuenta que proteger a la Relatoría no será una tarea fácil puesto que junto a Ecuador y Venezuela un país como Brasil comparte la línea de debilitar sus potestades. Esta actitud de nuestro vecino norteño se vincula a un antiguo diferendo que el gobierno de Brasilia tiene con el sistema interamericano de derechos humanos que intenta amparar a tribus indígenas afectadas por un plan gubernamental de construir una represa en Belo Horizonte capaz de alterar sus precarias condiciones de vida. Por esa razón, las iniciativas de Ecuador tendrán ese importante respaldo y, por supuesto, el de las delegaciones de Nicaragua y Bolivia.

Si esos gobiernos logran consumar su propósito en esta asamblea de cancilleres la Organización de Estados Americanos sufrirá un grave retroceso en la defensa de los Derechos Humanos cuya vigencia está garantizada por el ejercicio de la libertad de expresión, una de aquellas libertades que deben promoverse "en toda su extensión imaginable", según proclamó Artigas en las Instrucciones del Año XIII.