Hay muchos motivos para desconfiar del proyecto de financiación de los partidos políticos que impulsa con llamativo fervor el Frente Amplio. El mismo viene siendo negociado en el Parlamento desde hace meses, y en las últimas semanas habría logrado el apoyo de dirigentes del Partido Colorado y del Independiente, pero no termina de convencer a blancos y cabildantes. El proyecto debería votarse hoy, aunque hay dudas.
¿Cuáles son las principales dudas? Según el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, de los 35 artículos acordados hay algunos de “dudosa constitucionalidad” y de “muy difícil implementación”. También, dijo Rodríguez “algunos parecen haber sido redactados con una mentalidad sumamente montevideana, que desconoce el funcionamiento del país en los lugares más recónditos”, o que son “de difícil cumplimiento, cuasi embargatorios” para los medios.
Básicamente se refiere al que prevé la caducidad de la licencia de los medios que hagan “donaciones encubiertas”. Pero también hay dudas con los montos que se habilita para volcar dinero del propio candidato, o de donaciones anónimas.
Un tema sobre el que sí no ha habido problemas es que la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (UIAF) puedan asesorar a la Corte Electoral y al tribunal de Cuentas para analizar los fondos.
Se trata de un tema muy complejo, y donde no hay fórmulas mágicas que copiar. De hecho, muchos han mencionado como ejemplo al sistema de Brasil, que implica minutos gratis en TV, y un organismo todopoderoso capaz de oficiar de “policía” en las campañas. Pero los escándalos que las potestades de ese organismo ha protagonizado en la última campaña muestran que no es un modelo a imitar.
Por otro lado el esquema analizado deja totalmente por fuera a los organismos de la “parapolítica” que han cobrado enorme protagonismo en los últimos años. Hablamos de ONGs y sindicatos, que operan descaradamente para el Frente Amplio, pero que no cuentan en lo más mínimo a la hora de medir el financiamiento o el tiempo de campaña.
Esto por no mencionar la forma en que algunos partidos y grupos se financian con dinero público, que el estado destina a pagar sueldos de funcionarios, pero que estos sectores que integran el Frente Amplio, como el MPP o el Partido Comunista, topean en niveles muy bajos, para destinar la porción del león a financiar sus estructuras. Esto es legal, pero genera incentivos perversos. Por ejemplo, a llenar el estado de militantes fanáticos por encima de una burocracia profesional y efectiva.
Pero más allá de los detalles técnicos, la obsesión del Frente Amplio con los medios de comunicación, y la demanda permanente de una regulación draconiana para limitar su discrecionalidad (una ridiculez absoluta en los tiempos que corren), hay otro motivo para desconfiar de esta presión y apuro de la oposición.
Primero, que no hay ninguna señal que permita dar por bueno ese pánico artificial que se genera ante un supuesto ingreso masivo de fondos corruptos o del narcotráfico en la política uruguaya.
Acá somos pocos, todos nos conocemos, y la política nunca ha sido una actividad que haya sido permeado por este tipo de actividades.
El único caso dudoso que ha habido en las últimas décadas fue cuando el MPP armó una empresa para comisionar en las exportaciones a Venezuela gracias al vínculo generado por el expresidente Mujica con el régimen chavista. ¿A qué se dedicó el fruto de esos negocios logrados gracias a la influencia obtenida desde el poder político?
Segundo, cuando uno ve a gente como Fernando Pereira, de muy rengas convicciones democráticas, tan obsesionado con un tema de este tipo, lo primero que debería hacer es cuestionarse qué cangrejo hay debajo de la piedra.
El sistema político uruguayo es esencialmente sano y representativo de nuestra sociedad. Tiene defectos, como todos, pero ellos son principalmente la endogamia, la mediocridad, y la falta de capacitación de muchos de sus dirigentes. También podríamos sumar el poder de influencia de ciertos “colectivos” y corporaciones. ¿Alguno de estos problemas puede ser solucionado con el proyecto de financiación en análisis? Definitivamente no, e incluso algunos se agravarían. Entonces, calma, estudio, y cuando se vote, que sea algo para mejorar, no por el griterío de cuatro fanáticos cuya prioridad es volver al poder, antes que la estabilidad y equilibrio del sistema.