Nada podía haber sido más sintomático de lo que ocurre con la libertad de expresión en buena parte de América latina, que lo sucedido en la reciente 68ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), (más de 500 delegados) finalizada el martes de esta semana en la brasileña ciudad de San Pablo.

Jaime Mantilla Ashton, electo por unanimidad como nuevo Presidente de la organización, no estuvo presente. Hubo de resignarse a agradecer el nombramiento y comprometerse con su nueva responsabilidad desde su distante Ecuador, por medio de una video conferencia. Fantástica herramienta, reflejo de los adelantos técnicos a los que es capaz de llegar el hombre, aunque por otro lado, continúe con las mismas aberraciones y actitudes retrógradas de siempre. Semejantes crueldades y perniciosas ambiciones de poder e igual falta de escrúpulos para alcanzar sus objetivos.

Los gobernantes de tendencia autoritaria no soportan la existencia de una prensa libre y crítica, tal como se observa en forma más aguda, no ya en la Cuba comunista, decana en falta de libertades, sino en los países que forman lo que hoy se conoce como el eje chavista, integrado por Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina.

"Me preparaba con inmenso entusiasmo para acudir a esta Asamblea General. Lamentablemente ese entusiasmo, ese deseo de compartir con mi familia esta gran distinción, se ha visto lastimado al tomar la dura decisión de no acompañarlos, por los graves problemas que tanto el diario que represento, como mi país enfrentan, por la arremetida de los ataques gubernamentales, que estoy seguro se incrementarán a partir del inicio de la campaña electoral en estos días".

Tan así es, que llegó desde el gobierno una orden prohibiendo a los asambleístas, (legisladores) dar ninguna entrevista a un reportero, ni hablar con la prensa, de acuerdo a lo comunicado por los preocupados periodistas ecuatorianos, durante la reunión de la SIP. Por su parte, Mantilla fue sentenciado a fines del 2011, a tres meses de prisión por no revelar los nombres ni las fuentes de los periodistas que hicieron una investigación sobre presunta corrupción en torno a la figura de Pedro Delgado Campaña, primo del Presidente Correa. Según afirman los dueños del diario El Universo, al que el Presidente demandó por 40 millones de dólares por el artículo escrito por uno de sus columnistas y la pena de prisión a la que fueron sentenciados, solo la presión internacional, como por ejemplo, la resolución de la Relatoría de Prensa de la OEA, brazo de la Comisión de Derechos Humanos de la misma, llevó a que Correa les perdonara la vida. Como curiosidad vale destacar lo que comentaban los damnificados sobre los jueces que hicieron la sentencia condenatoria; todos ascendieron rápidamente luego del juicio, en su carrera.

Sin embargo, la ofensiva de Venezuela y Ecuador para reducir las prerrogativas de la Comisión de Derechos Humanos y por ende, de la Relatoría que se ocupa de la libertad de expresión, que les resulta molesta, se ha visto fortalecida por las posturas de otros países. Algunos de los cuales tienen sus propios reparos sobre su accionar, caso de Brasil, que se irritó por el pedido de investigación sobre la construcción de una usina en Belo Horizonte, que es resistida por los aborígenes de la región. Entonces deja hacer y mira para otro lado, algo que fue duramente criticado por el chileno José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

Aunque se da la paradoja que al tiempo que desde los países del ALBA

se trata de reducirle su espacio de maniobra y se busca recortarle los recursos económicos a la Comisión de Derechos Humanos, los mayores aportantes resulta que no son los latinoamericanos, sino de Canadá, EE.UU. y Europa.

En paralelo a la persecución a la prensa libre en base a promover legislación y actos supuestamente legales para acallarla, postura en la que Argentina se ha puesto a la vanguardia en estos días, existe otro gran enemigo de la libertad de expresión. Es el que golpea en países como México y Honduras y que no proviene desde el gobierno sino del crimen organizado. La violencia, la corrupción, el temor, el minado de las instituciones, los crímenes y la impunidad, consiguen amordazarla, a veces completamente. En los últimos 6 meses, fueron 13 los periodistas asesinados en América Latina.