La ley 19.889 será sometida a la democracia directa que habilita nuestra Constitución, a diferencia de los regímenes que admiran los que pugnan por derogarle 135 artículos al barrer.

Surgió del proyecto que el Poder Ejecutivo, sobreponiéndose a la pandemia, remitió al Parlamento para que lo tratara como Ley de Urgente Consideración, en los plazos breves del art. 168/7º de la Constitución. Al inicio, se la identificó con la sigla de su trámite: LUC.

Sigue hoy llamándosela con ese sobrenombre prenatal, que apenas indica el procedimiento con que llegó a ser promulgada el 9 de julio de 2020. Como tantos motes de primera infancia, le quedan chicos al adulto que los soporta.

En realidad, la ley 19.889 es una robusta ley orgánica de un gobierno ungido para revertir dislates y transformar al país por actos de conciencia. El candidato Lacalle Pou dijo con todas las letras, antes de la primera vuelta electoral, su propósito de impulsarla en los precisos términos en que al año siguiente la firmó como iniciativa urgente.

Por algo, el informe en mayoría de la Cámara de Representantes, al respaldar la iniciativa definió: “No fue un hecho extraño la presentación de este proyecto sino que es el sano cumplimiento de una promesa de campaña electoral que relaciona el cumplimiento y coherencia de lo dicho antes de un acto electoral, con el accionar al acceder al gobierno”. Esa continuidad y esa congruencia singularizan y honran al ciudadano hoy investido como Presidente y, al mismo tiempo, robustecen a la democracia, que no debe reducirse a un método formal para que gane el más votado. Para ser plena, requiere que la ciudadanía sepa qué y para qué sufraga. Y exige que los ungidos sustenten y apliquen en el gobierno los principios y las convicciones que proclamaron en las esquinas del llano. El país solo puede respirar hondamente su convivencia republicana, si los sentimientos y reclamos del pueblo en la calle llegan a las mesas donde se decide su destino.

Las firmas para derogar la ley de marras finalmente alcanzaron el 25% habilitante del plebiscito. Los argumentos con que se tropearon esas firmas, en los meses de su verificación cayeron como bolos en sucesivas polémicas. No resistieron el cara a cara y hasta los impugnantes tuvieron que confesar que votaron múltiples artículos que ahora impugnan.

Nuestro cuerpo electoral, que tantas veces dio muestras de no aceptar reducirse a rebaño, está llamado a resolver, no ya por militancia sino por reflexión sobre los textos atacados.

Y también por reflexión sobre la experiencia hecha con la aplicación de esos textos. Véase.

Desde la promulgación de la ley 19.889 hasta hoy corrieron 520 días. No ocurrió ninguna de las hecatombes que anunciaron sus oponentes. No nos convertimos en un Estado policíaco ni reaccionario. No fueron atropellados los derechos y rige plena la libertad. En las fuerzas del orden no apareció el gatillo fácil. En vez, la vocinglería opositora patentizó su mentira fácil.

Cuando el 27 de marzo la ciudadanía vaya a las urnas para elegir entre sostener la LUC o derogarla, habrán corrido 626 días de su vigencia, equivalentes a más de la tercera parte de los 1.826 días del período constitucional de 5 años. No iremos a votar, pues, sobre una ley solo leída y oída, sino sobre una ley vivida. Tendremos mucho más de un año y medio de experiencia con la policía amparada por la legítima defensa si actúa racional y progresivamente y con el inquilino desvalido que ahora puede alquilar aunque carezca de garantía, sin constituirse por ello en un peligro para el propietario.

Por lo dicho, sumado a las razones que sustentan cada uno de sus artículos, la ley no debe sostenerse a la defensiva ni con retrogustos. Obviamente, todos podemos oponerle alguna crítica o algún matiz jurídico y hasta gramatical: por ejemplo, el abandono en las nuevas normas penales del subjuntivo futuro que para tipificar acuñó Irureta. Pero ninguna acotación técnica debe hacernos olvidar que esta ley tiene raíz y vocación democrática, y que ella expresa altísimos principios de paz ciudadana y de dignidad del Estado.

Respondiendo en Piriápolis a un periodista, el presidente Lacalle dijo agradecer el apoyo que se proponen manifestarle sus seguidores en una caballada programada para el 6 de marzo, y agregó: “Espero merecerlo.” Improvisando al aire libre y ante paella gigante, recuperó un concepto radical para la condición humana: la distinción por la calidad de lo que cada uno hace, el mérito, expresión de los talentos y virtudes que son la única diferencia que sabiamente proclama la Constitución.

La ley a plebiscitar es un plexo de grandes vectores normativos. Es ley de casa en orden. Habiendo sufrido la afrenta de un Ministro y un gobierno que no respondían por la seguridad de nadie y descoyuntaron hasta el pensamiento, todos debemos enterarnos de que no solo hay que esperar que la ley 19.889 logre mayoría en las urnas.

Además, hay que realzar sus merecimientos como código jurídico y como vertebración moral de la República.