A los 100 primeros días de cada nuevo período de gobierno se les califica como el tiempo de la luna de miel. En ello han convenido todos los analistas en base a lo ocurrido desde la reforma de 1996.

El presidente Luis Lacalle Pou que antes de asumir contaba con buena imagen, se encontraría entonces en esa etapa en que la gente se muestra proclive a darle una carta de crédito al nuevo ocupante de la Torre Ejecutiva, mientras los opositores todavía se lamen las heridas.

Sin embargo ¿cómo no desenamorarse de un flamante marido que todas las noches o casi, te habla de malas noticias; de contagios, de muertos, de tests, de respiradores y te propone toda clase de exigencias; que te encierres, dejar el negocio, el trabajo, perder ingresos, no ver a los amigos ni ir a tomarse una cerveza. Tampoco a los padres, ni a los familiares, no mandar los chicos a la escuela, ni a los grandes al liceo o a la universidad.

Pero curiosamente, el enamoramien-to no ha decaído. Todo lo contrario. Ha aumentado a pesar de lo dicho y a tener que acatar sus recomendaciones. Sin perjuicio que desde el Pit-Cnt, el sindicato de un gremio médico (SMU) o militantes de la oposición hagan malabarismos para minarle en la estima de la gente. Hacen conferencias de prensa, (para no ser menos) y le presentan al Ejecutivo planes y paquetes de medidas. Reparto de más dinero como si nadáramos en la abundancia, suba de impuestos al capital, etc. Hasta dan la impresión de que aspiran a gobernar.

Mientras el vendaval de la epidemia del COVID-19 se expande enfermando a diestra y siniestra, la firmeza, la serenidad y la evidente dedicación han hecho crecer al Presidente en el respeto, la confianza y la admiración de los ciudadanos. Al tiempo que se desacreditan los vaticinios amenazantes de las filas contrarias sobre la falta de sensibilidad social del primer mandatario y el nuevo equipo de gobierno. Si antes de ponerse a prueba, un 52% de la población esperaba de él una buena gestión, según Opción Consultores, hoy dos tercios de la misma, lo aprueba.

El actual Presidente demuestra en cada una de sus apariciones televisivas su preocupación, tanto por el presente como por el día después. Porque es cosa aceptada que hay y habrá recesión en el mundo y Uruguay no pertenece a otra galaxia. También es sabido que a pesar de los años de bonanza económica, el pasado gobierno dejó al país sin ahorros. A diferencia de otros vecinos latinoamericanos como Perú y Chile que en la actualidad disponen de un colchón de dinero al que acudir ante los gastos extras que la pandemia ha desatado. Aun con las mejores condiciones externas, jamás los gobiernos del Frente Amplio alcanzaron un resultado fiscal positivo. Solamente hubo un año, el 2007, con al menos un equilibrio fiscal para luego despedirse en el 2019, con nada menos que un 5% de déficit. Pero ese despilfarro de año de elecciones igual no les impidió tener que soltar el hueso. Y ahora, como no hay de donde rascar la lata, la lucha de la presente Administración es aún más ardua frente al embate del virus, sumado al grave frenazo de la economía que las medidas para combatirlo traen como consecuencia.

Justamente, pensando en el mañana, es que el miércoles el Presidente cuando le volvieron a hablar de gravar al capital, (la muletilla izquierdosa del momento) ejemplificó, como para que lo entiendan, con una competencia ciclista. O sea, apoyo al que va en primera línea, quitarle el lastre al que va pedaleando para que llegue a la meta y por otro lado el Estado ocuparse de los rezagados. “Gravar el capital es amputarles las posibilidades a los que van a hacer fuerza para salir de la crisis”.

En ese espíritu, se enmarca el anuncio de los decretos para derogar los cambios voluntaristas, típicos de la izquierda, que desvirtuaron a la ley del 2011, ideada por (Appcu) para reactivar la construcción de viviendas. Cuyo objetivo fue dar acceso por compra o alquiler, a los sectores medios y medio bajos. La construcción se vigorizó, hubo aumento de puestos de trabajo, revivieron zonas dentro de la ciudad que estaban detenidas, en el centro y barrios no costeros.

Hasta que en 2014 el Ministerio de Vivienda, (Mvotma) impulsó una reglamentación que topeó el precio del 25% de las unidades construidas. En 2017, por decreto se le puso techo al precio de los arrendamientos a quienes invierten en propiedades para alquiler y estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades debían venderse al precio fijado por la cartera. Resultado; las 300 a 400 viviendas promovidas al mes bajaron a escasas 80. Con esos límites de venta y alquiler quedaron por debajo del costo de construcción y dejó de interesar como negocio.