Para la dictadura cubana el envío de médicos por todos lados, unos 35 países, al menos hasta que el presidente Bolsonaro les diera de baja, es un negocio muy redituable.

Las cifras, según el ministro de Economía, José Luis Rodríguez, aun cuando no muy precisas porque mezclan varias cosas, indican un promedio anual de US$ 11.500 millones (según The Economist unos US$ 9.500 millones) generados por esta exportación “no tradicional”. Para ponerlo en perspectiva, el ingreso por turismo, segundo rubro en importancia para la entrada de divisas, el año pasado anduvo por los US$ 3.000 millones. El mandatario brasileño, con el cual no es muy fácil congeniar con sus posturas, en este caso sí fue compartible su decisión; para continuar con el programa propuso al gobierno cubano pagarles directamente a los médicos, cosa que no les gustó. Ante la negativa comenzó la obligada partida de los cubanos, aunque varios decidieron permanecer con tal de no volver al paraíso castrista. La aparición de la pandemia y la crítica situación en el país vecino, hicieron que se les abrieran las puertas para volver a la salud.

Ahora acaba de publicarse en este diario que la ONG europea Prisoners Defenders presentó una denuncia en Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional, sobre el convenio suscrito en 2019 entre el Ministerio de Salud Pública de la Habana y el Ministerio de Seguridad Social (Mides) del gobierno pasado, que implicó la llegada de médicos y licenciados en ortopedia, cubanos. De acuerdo al Diario Oficial, el Estado uruguayo le paga a la dictadura cubana US$ 4.500 mensuales por cada médico y US$ 2.500 a los licenciados. Sin embargo, la autoridad isleña se queda con la parte del león. A manos de los cubanos solo llega el 22% del honorario. El régimen se queda con casi el 80% de los estipendios de cada uno. Reciben US$ 1.000 y US$ 790 respectivamente.

Cabe preguntarse como los señores del Pit-Cnt, tan severos en la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, nunca han armado revuelo sobre tamaña injusticia para con estas personas. ¿Será porque se trata de la “democracia” cubana, tal como insisten en calificarla en el Frente Amplio, con su proverbial hipocresía? La misma que hace que el Partido Comunista vernáculo y otros acólitos del FA, jamás reconozcan ni las atrocidades, ni los millones de muertes provocados por el comunismo. Como tampoco el fracaso económico de esas temibles utopías.

La denuncia presentada por la ONG recoge más de 600 testimonios. Mientras están en el extranjero tienen una notoria falta de libertad, regimentados estilo cuartel, pero es tan poco lo que pueden ganar en su propio país que estas salidas al exterior, aun cuando les entreguen una más que reducida tarifa, para ellos es la oportunidad de llevarse algo más de dinero a casa. Aunque reconozcan, como lo decía uno de ellos que participó en distintas misiones en Venezuela y Brasil, que lo suyo es una forma de esclavitud y además no tienen idea, como suele suceder con la obscuridad de los regímenes totalitarios, de cuánto recibe el Estado cubano por su labor.

Fue demasiado amable el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, al decir que “es duro”, cuando podría haber dicho “es una vergüenza”, que un país democrático haya firmado un convenio de este tipo. “Se ve que la política se infiltra en la Salud Pública porque si no, es difícil de comprender”, agregó.

Este acuerdo se firmó en 2019, pero Uruguay se convirtió en cliente de la satrapía cubana mucho antes, a partir del 2007. Hay una foto en la que aparece muy sonriente la entonces ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz junto a Fidel Castro y la funcionaria de turno, al comienzo de la llamada Operación Milagro. Se montaron en ese momento, en el viejo Hospital Filtro, instalaciones destinadas a las brigadas de oftalmólogos que vendrían a operar a los pacientes uruguayos que padecían de cataratas, como si en nuestro país no hubiese especialistas capaces de hacerlo. Lo que sí no había, era un equipamiento como el que instalaron en el Filtro. El departamento oftalmológico del Hospital de Clínicas estaba completamente desprovisto y los cirujanos debían llevar sus propios aparatos para poder atender a los enfermos.

Otro hecho llamativo fue que a los cubanos no se les exigiera revalidar su título, como a cualquier médico extranjero que pretenda ejercer, y respecto de las dudas sobre la capacitación de los mismos se sumó lo constatado en Bolivia bajo la presidencia de Jeanine Áñez, al quedar en evidencia que de los 702 cubanos que allí se desempeñaban, únicamente 205 tenían título universitario. Los demás eran meros técnicos.