Está terminando enero y, en este año político tan particular, los partidos que conforman la Coalición Republicana (CR) deben tomar iniciativas en paralelo a lo que el gobierno entrante fije en marzo próximo.

No se trata de que la CR lleve adelante una oposición ciega y envenenada: nadie de sus votantes entendería, por ejemplo, que criticara absolutamente todo lo que inicie la administración Orsi, ya que la CR no tiene en su ADN el talante que llevó a la izquierda en 2020 a cacerolear al inicio de la pandemia o a convocar a un paro a menos de diez días de iniciado el gobierno. Estamos ante actores políticamente muy diferentes, por suerte, para el país. Sin embargo, sí es exigible que sea una oposición pronta y motivada para actuar.

Es una oposición que debe estar pronta. En primer lugar, desde la definición de interlocutores válidos y legítimos. El Partido Colorado en diciembre pasado definió sus autoridades para el nuevo período y dio naturalmente a Ojeda el papel fundamental dentro de su Ejecutivo nacional. Algo similar debe ocurrir más temprano que tarde con el Partido Nacional, ya que sería una pésima señal para todos los que recién luego de las elecciones departamentales quedará formado su Directorio: un partido, que es el de mayor representación en el espectro opositor, no puede demorar más de medio año, luego de las últimas elecciones nacionales en definir a su elenco conductor para dialogar con el gobierno y con sus pares en la oposición.

También debe estar pronta en lo que refiere a la conformación de una mesa de diálogo, al menos, que reúna periódicamente a los principales referentes partidarios de la CR de manera de mostrar claramente que hay una coordinación de tareas y una visión política común que se sostiene en el tiempo. La profundidad del diálogo político que allí se establezca lo determinará la coyuntura y los ánimos de unos y otros. Pero no es serio convocar a una votación conjunta para el balotaje, luego de haber gobernado en conjunto durante cinco años llenos de duras pruebas sorteadas con éxito, para terminar siendo derrotados por la izquierda y que cada uno se vaya para su casa, sin capacidad de institucionalizar mínimamente una lógica coalicionista opositora.

Es una oposición que en este sentido debe pues estar motivada. No solamente a partir de una institucionalización mínima que dé señales claras de trabajo conjunto, sino también con una rápida acción que defina las prioridades que el país precisa y que la CR está pronta a defender, a partir de las iniciativas del Frente Amplio (FA) en el poder.

En efecto, hay cambios que el FA ha dicho que querrá llevar adelante, por ejemplo, que pasarían por encima de lo votado en la ley de urgente consideración que fue ratificado por el pueblo en marzo de 2022: ¿la CR está dispuesta a aceptar esa agenda violatoria de la voluntad popular, sin expresar su máximo rechazo y movilización política?

La motivación pasa también por ejercer un estricto control acerca del cumplimiento de las promesas del FA en campaña electoral. Si, por ventura, el FA llegare a proponer de una forma u otra aumentar impuestos, por ejemplo, la CR en la oposición debe estar pronta para señalar el enorme incumplimiento del candidato Orsi a sus promesas de campaña en este sentido.

Si, por ejemplo, desde el ministerio de Desarrollo Social, el FA avanzara en una política clientelista alejada del objetivo de ese ministerio, también la CR debe fijar una oposición fuerte que deje en claro las inconsistencias del gobierno.

El FA ganó las elecciones legítimamente. Sin embargo, el pueblo dio a la CR una tarea clara de oposición con herramientas parlamentarias muy numerosas y con una representación muy potente.

No fue una victoria parlamentaria apabullante del FA; no es que ahora la CR, luego de su campaña electoral, pueda desentenderse de sus responsabilidades centrando sus actividades en lógicas partidistas internas que, además y para el caso del Partido Nacional (PN), estarían girando muy lentamente en torno a intereses electorales departamentales que se dilucidarán recién en mayo próximo.

Para que la democracia sea fuerte y plena, se precisa un gobierno que conduzca el país y una oposición firme que deje claro que existe un rumbo diferente posible y que está pronta para poder llevarlo adelante. En este esquema, el PN no puede demorar más que febrero su renovación de autoridades de manera de llegar en forma al inicio del gobierno el 1 de marzo, con una coordinación coalicionista clara y bien definida también.