El momento es de alta tensión. Las cifras de contagios y muertes por coronavirus, si bien no han llegado ni cerca a lo que padecen algunos países que ciertos políticos uruguayos reivindican como modelo, está lejos de la zona de confort.

Y por más que en breve se anuncie la llegada de las primeras vacunas al país, tenemos por delante varios meses de angustia.

Ante ese panorama, no extraña pero indigna, la actitud de la oposición política, y sus satélites académicos y mediáticos. Al igual que lo hicieron en marzo y abril, cuando había apenas algunos casos por día, vuelven a lanzar una campaña de desgaste contra el gobierno, exigiendo imponer fuertes limitaciones a la libertad individual, y millonarias medidas de asistencia económica.

Se trata de un debate que ocurre en todo el mundo. Pero hay aspectos de lo que ocurre en Uruguay que son particulares por el nivel de sectarismo y mala fe, de quienes plantean algunas cuestiones.

El primer tema tiene que ver con los llamados al confinamiento. Es claro que a nivel ideológico no es igual el valor que se da en el Frente Amplio que en otros partidos a la libertad personal, y que para algunos, desde hace más de 70 años, esta libertad es un bien fácilmente sacrificable en función de cualquier otro objetivo. Por suerte, la mayoría de la sociedad uruguaya piensa muy diferente.

Pero más allá de la alegría con la que algunos militan por el encierro militarizado de los uruguayos, hay otra cuestión. Ese encierro se ha probado que tiene efectos nefastos en la sociedad. Económicos, psicológicos, y hasta sociológicos, ya que implica ceder al estado una especie de tutela paternalista sobre la vida de cada uno, que termina teniendo un impacto tremendo en las personas. Basta ver algunas declaraciones del presidente argentino, que impuso la “cuarentena más larga del mundo” con resultados pésimos, y que se atribuye el derecho a decir públicamente que él le va a enseñar a la gente a ser solidaria. El efecto de que un ciudadano, cuyo único privilegio es que la gente lo vota para que administre los bienes comunes durante un tiempo, se ubique en este plano de superioridad moral al resto, es trágico.

Pero la oposición, al igual que en marzo y abril, no se resigna a plantear sus ideas en un debate político “normal”. Aprovecha sus brazos corporativos para convertir esa presión en algo mucho más difícil de enfrentar dialécticamente.

Al principio de la pandemia, quien cumplió esa función fue el Sindicato Médico, entidad no científica sino de defensa de intereses corporativos de los médicos, y cuyos dirigentes actuales son notorios simpatizantes de la oposición. Y que de manera poco digna usaron a esa institución para pretender imponer públicamente sus posturas al gobierno, con una supuesta autoridad técnica que los hechos mostraron no tenían. Nunca se hizo lo que demandaban, y el país anduvo fenómeno.

Ahora ocurre lo mismo, pero de manera más velada. De golpe han aparecido algunos “expertos”, de discutible relevancia técnica pero que son consultados con fruición en muchos medios, y que tienen un discurso igual. Una mirada muy rápida por los perfiles en redes sociales de esos “expertos”, revela que son militantes radicales de la oposición, y que tienen una agenda muy clara cuando hablan.

Una llegó a decir hace poco a un periodista que “darle la responsabilidad absoluta al ciudadano sobre su vida, termina confundiéndolo y estresándolo”. Ni a Mao se le hubiera ocurrido hacer un comentario tan mesiánico y fascista.

Después está el tema económico. La contracara obvia de estos reclamos de encerrar a la gente “por su propio bien”, es el desastre económico general que eso produce. Pero la respuesta es simple: como dijo recientemente el ex ministro Astori, el gobierno no debe ser tímido a la hora de gastar. Y vaya que él ha sido bien extrovertido en la materia. Sin pandemia ni nada de por medio, gastó tanto que este año el país deberá pagar más de 3 mil millones de dólares solo de intereses de deuda. O sea, todo lo que exportamos de carne, soja y lácteos, para pagar intereses de lo que Astori gastó de más. ¿Quién paga eso? Seguro que no el ex ministro, sino los trabajadores, las empresas, y los que crean riqueza en el país.

La situación actual no es fácil, y son muchas las variables que el gobierno debe tomar en cuenta antes de tomar algunas medidas. Pero cuando vea a gente que agita banderas, y quiere hacerle creer que todo es simple y obvio, siempre busque cual es la intención oculta. Por cada acción, hay una consecuencia, y el mejor político es el que lo entiende y pone su interés partidario siempre en segundo plano al del país.