Uno de los grandes mitos nacionales es que vivimos en un régimen político presidencialista. En verdad, se trata de un sistema semiparlamentarista, y con el gobierno de la Coalición Republicana (CR) está mostrando funcionar muy bien.

El párrafo semiparlamentarista clave de la Constitución de 1997 está en el artículo 174: “el Presidente de la República adjudicará los Ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo”. Y es a partir de allí, de una interpretación parlamentarista del vínculo entre Legislativo y Ejecutivo, que se afianza la estabilidad política de todo el sistema que distingue al Uruguay del resto de la región.

No es nuevo: ya había ocurrido en la lógica mayoritarista parlamentaria del Frente Amplio prácticamente durante 15 años. Las urnas dieron en 2004, 2009 y 2014 mayoría a esa coalición, y los presidentes de ese signo político cumplieron con el requisito del apoyo parlamentario para sus ministros. Pero lo más importante es que ocurre también ahora, con una CR formada de distintos partidos que ponen en el centro de atención lo que pasa en el Parlamento.

El ejemplo más reciente refiere a las interpelaciones a los ministros de Interior y Exteriores. Con toda razón, tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado señalaron previo a las comparecencias ministeriales que querían conocer las explicaciones del Ejecutivo: se verificó así el equilibrio de poderes con la tarea de escrutinio y control que debe llevar adelante el Parlamento de las tareas de los ministros. Y cuando las explicaciones fueron satisfactorias, toda la CR apoyó a sus ministros y la estabilidad del gobierno no sufrió resquebrajadura alguna.

La misma lógica funciona con el tratamiento de la Rendición de Cuentas. El Ejecutivo envía su proyecto que es estudiado por los partidos de la CR. Tras los ministros que envían sus mensajes al Legislativo, están los partidos de esa CR que los respaldan. Se procesan cambios, negociaciones y puntos de vista diferentes, como todo sistema en el que el Parlamento ocupa el centro de atención política.

Pero al final de cuentas, el apoyo político que señala el artículo 174 de la Constitución es el sustento clave en el que reposa la estabilidad de la CR, y terminan así operando las mayorías que aseguran la gobernabilidad del país.

Este diseño institucional precisa de la inteligencia presidencial para ser aplicado, y también para leer bien los apoyos políticos partidarios. En este sentido, la elección del balotaje de 2019 anticipó esta visión parlamentarista, cuando un acuerdo de partidos fijó un rumbo gubernamental claro y con una hoja de ruta reformista ambiciosa.

En este sentido, lo que está ocurriendo con la reforma de la seguridad social también responde a este semiparlamentarismo: el presidente en tanto jefe de gobierno presenta a los partidos del Parlamento el proyecto; se estudia y se intercambian opiniones; y al final del día la CR actuará con responsabilidad en la votación de un proyecto acordado -y seguramente algo distinto al inicial del Ejecutivo-, de forma de cumplir con toda la legitimidad que otorga el sistema institucional que nos dimos en 1997. ¿Acaso no es esto muy similar a la modalidad de trabajo de la Ley de Urgente Consideración aprobada en invierno de 2020?

Todo este semiparlamentarismo es inspirado del sistema francés de 1958- 1962, que procuró racionalizar la tarea del Legislativo y hacer que funcionaran armoniosamente los vínculos entre los dos poderes políticos del Estado. No ocurre esto mismo en Chile, ni en Argentina ni en Brasil, por ejemplo, en donde las elecciones al Parlamento no responden a la misma lógica temporal y política que prima en Uruguay. Y es en este diseño institucional tan sofisticado como eficiente que se encuentra parte del secreto de estabilidad y gobernabilidad de nuestra democracia.

Siempre que la CR respete esta lógica parlamentarista de funcionamiento institucional estará garantizándose una plataforma de trabajo que facilita acuerdos y permite la gobernabilidad del sistema. Porque cuando se analiza la tarea de gobierno desde esta perspectiva, surge claro que las opiniones interesadas que quieren ver quiebres de la CR en cada momento de tensión política posible, están completamente equivocadas: razonan como si el sistema fuera fuertemente presidencialista y como si el presidente pudiera prescindir de los apoyos partidarios que lo llevaron al poder.

El Uruguay tiene un parlamentarismo que está funcionando muy bien. Hay que cuidarlo y fortalecerlo.