Para este ciclo electoral 2024-2025 hay al menos seis propuestas que aspiran a ser plebiscitadas en elecciones populares: la reforma del sistema previsional, que cuenta con el apoyo del PIT-CNT y de parte del Frente Amplio (FA); una reforma sobre contratos internacionales, promovida por el movimiento social Uruguay Soberano; una iniciativa acerca del ingreso laboral a las intendencias, del grupo Ciudadanos del Partido Colorado; una reforma de la Constitución con relación a las deudas financieras por préstamos al consumo, de parte de Cabildo Abierto (CA); una regulación sobre designación del fiscal general de la Nación, del diputado Eduardo Lust, elegido por CA y luego fundador del Partido Constitucional Ambientalista; y finalmente una propuesta de modificar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos, de iniciativa del senador blanco Carlos Daniel Camy y luego apoyada por varios sectores del oficialismo.

Es claro que seguramente no todas alcancen a cumplir con las condiciones para poder finalmente ser puestas a consideración de la ciudadanía. En este sentido en estos días, tanto para la iniciativa de CA sobre deudas como para la del Pit-Cnt y el FA sobre la reforma de la seguridad social, se cumplirá el plazo legal para presentar las aproximadamente 270.000 firmas necesarias para poder habilitar sendos plebiscitos para el mes de octubre. En cualquier caso, son muchos quienes creen que este tipo de iniciativas son signo de vitalidad democrática y que más allá de los resultados concretos que cada una obtenga, hay que alegrarse de que existan.

Ciertamente, la manera en la que el legislador previó que pudieran ser llevadas adelante estas iniciativas de democracia directa han sido sabias: nuestro sistema exige ciertas condiciones de representatividad que hacen que no cualquiera ni por cualquier cosa termine logrando acceder a que la soberanía del pueblo se expida sobre sus demandas. En efecto, alcanzar el 10% del padrón electoral expresado en firmas no es una meta sencilla, por ejemplo; y lograr acuerdos parlamentarios amplios para encaminar un plebiscito sobre un tema específico precisa de un poder de convencimiento importante que no todo el mundo exhibe. El ejercicio de democracia directa está así bien custodiado, e intenta prevenir la facilidad de las tentaciones demagógicas que desde siempre acompañan a cualquier República.

Empero, no deja de ser verdad también que el recurso a la votación popular está queriendo ser utilizado como una especie de revancha infinita de opiniones minoritarias.

Ellas no terminan nunca de aceptar el juego democrático representativo y su natural consecuencia: a veces se gana una votación parlamentaria que refleja la opinión propia, y a veces se pierde y con ello debiera de aceptarse el resultado que propone esa mayoría representativa de la voluntad del pueblo.

El ejemplo de la reforma constitucional propuesta por el Pit-Cnt y parte del FA es bien ilustrativo. Lo que hay tras este buscado plebiscito es querer contrariar la decisión de una amplia mayoría electa por el pueblo en comicios plurales y libres en octubre de 2019. Y no solamente hay allí una negación de la legitimidad de origen de esa mayoría, sino también un ninguneo de las etapas que legitimaron el proceso por el cual se llegó al resultado de la ley de reforma de 2023, hecho de meses de consultas, acuerdos y negociaciones que involucraron a decenas de actores sociales y políticos.

Además, es sabido que frente a cuestiones de solución compleja lo que una democracia debe privilegiar es la argumentación, el diálogo y el debate.

Y que todo eso se expresa en el Parlamento, es decir, en el ámbito natural de la democracia representativa. Si una vez resuelto ese diálogo y ese intercambio de ideas, la solución que encuentra la minoría es pasar a reclamar un mecanismo de democracia directa cerrado, es decir en donde las opciones sobre las cuales la ciudadanía debe expedirse son por sí o por no, y de ninguna manera contemplan matices propios de una coyuntura económica, financiera, demográfica y laboral que admite una amplia gama de grises, es claro que lo que está haciendo así la democracia directa es empobrecer la calidad de la República.

En el fondo ese es el gran problema de la consulta popular: simplifica el debate y niega instancias de diálogo previas que tuvieron resultados legítimos. Lejos de ser más democrática, es en realidad mucho menos democrática, ya que pone en tela de juicio la mejor inteligencia de nuestra democracia representativa.