Se denomina así a un fenómeno psicológico consistente en tener escasa confianza en uno mismo y temer todo el tiempo que los demás se den cuenta de nuestros deméritos. Es frecuente en el mundo altamente competitivo de la vida empresarial y profesional. Y a veces se da en la política.

El candidato Yamandú Orsi deja en claro cada día en forma más explícita que no está seguro de sus condiciones para gobernar el país. Su síndrome del impostor se hace evidente en la manera dubitativa como se refiere a todos los temas: intenta zafar de las definiciones concretas apelando a un estilo campechano que oscurece más de lo que aclara. Sus opiniones están llenas de la muletilla “capaz que…”, condicionando lo que formula a que no está del todo seguro de ello. Abusa de frases como “no es ni bueno ni malo”. Cuando se queda sin palabras, recurre a un gesto característico de levantar las cejas y apretar los labios, como resignándose a un “yo qué sé, qué querés que te diga”.

En José Mujica funcionaba el “como te digo una cosa, te digo la otra”, porque terminó usándolo para burlarse de sí mismo y así le daba un tono zumbón que caía simpático. Pero Orsi no es Mujica y sus titubeos generan más inquietud que risa.

El jardín imponente en que se metió hace unos días ante la prensa, tratando de explicar la diferencia entre una monarquía, una dictadura y un gobierno autoritario, para relativizar su posición sobre Venezuela, es un claro ejemplo de esto. Admitió algo así como que en una alternativa binaria entre democracia y dictadura, entonces sí, definía al gobierno de Maduro como tal, pero diferenciándolo de las demás dictaduras militares.

Para apreciar su endeblez con mayor extensión, vale la pena ver en YouTube la entrevista que concedió a Gabriel Pereyra en el programa En la mira de VTV.

Su nivel de payada -ingeniosamente bautizada como “orsiqueo” por un colega de esta página- le hizo decir en una misma frase que el gobierno actual solo beneficia a los “malla oro” y que al mismo tiempo perjudica con el atraso cambiario al sector agroexportador (¡o sea a los mismos “malla oro”!).

Pero el momento más insólito fue cuando dio muestras de diletantismo justo en el tema que más debería dominar, siendo él docente. El periodista Federico Comesaña le manifestó su legítima preocupación porque el programa del FA establece que las conclusiones a las que llegue un Congreso Nacional de Educación serán “políticamente vinculantes”.

Esa terminología no tiene dos interpretaciones: lo que estamparon en el programa es, ni más ni menos, que un gobierno del FA estará mandatado a aplicar la política educativa que surja de ese congreso. Sin embargo, el candidato dijo que cuando leyó esa expresión, “a mí me quedó la duda y lo pregunté”. Entonces le aclararon que “políticamente vinculante” no implica un mandato, sino meramente una “orientación”. Comesaña insistió: “¿te orienta o te obliga? El vinculante me suena más a obligación que a sugerencia”. (Y es así, como al periodista le suena). La respuesta de Orsi es de antología: “no necesariamente te obliga. Te vincula desde el punto de vista textual… ahora… eh… se me fue lo que te iba a decir”.

Cuando consigue retomar el hilo, apunta a un símil que lo que hace es delatar aún más su equívoco: “¿por qué un congreso de docentes tiene que salir mal, y no uno de ingenieros?” Con paciencia franciscana, Comesaña le explicó que si hubiera un congreso de ingenieros, sus conclusiones no serían de obligatoria aplicación política.

En un breve y contundente hilo de tuits, el ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira fue claro y concreto acerca de esa desastrosa definición programática del FA: “el FA incluye entre sus medidas de gobierno la convocatoria a un Congreso Nacional de la Educación cuyas conclusiones serían ‘políticamente vinculantes’. O sea: esas conclusiones serían políticamente obligatorias para el gobierno. Porque eso es lo que significa ‘vinculante’. Es un sinónimo de ‘obligatorio’. Las leyes son jurídicamente vinculantes. Las conclusiones del Congreso serían políticamente vinculantes: no habría una obligación jurídica (lo que sería inconstitucional) pero sí una obligación política. El FA está renunciando de antemano a ejercer la capacidad de decisión que los ciudadanos habrían puesto en sus manos, para someterse a la voluntad política de un órgano controlado por los sindicatos de la enseñanza. El poder político sometido al poder sindical. Es bueno que lo digan, porque aclara las cosas”.

Está todo dicho.