La salida del país de uno de aquellos sirios que con tanto estruendo se trajeron durante la última campaña electoral es otra muestra de las fallas de un operativo mal ejecutado por el gobierno.

Publicitada a los cuatro vientos, la llegada de 44 refugiados sirios fue presentada en la mitad de la última campaña electoral como una prueba de la solidaridad de la izquierda gobernante con los perseguidos del mundo. El entonces presidente José Mujica los recibió en el aeropuerto y se retrató con ellos. Pocos meses después, cuando Tabaré Vázquez asumió su segundo gobierno confirmó que se incrementaría la corriente migratoria desde Siria, cumpliendo de esa manera con los compromisos asumidos con Naciones Unidas y la Oficina Internacional para las Migraciones.

No fue así. El segundo contingente de sirios nunca llegó a Uruguay. Y del primero, el ya instalado en nuestro país, no suelen llegar noticias demasiado buenas. Al contrario, en estos días se supo que uno de sus integrantes se radicó en Brasil, desde donde anunció que "nunca más" volvería a vivir entre nosotros. Está descontento con la forma en que lo trató el gobierno, al que acusa de incumplir las promesas que le hicieron cuando estaba en un campo de refugiados en Beirut. Sus quejas son las mismas que él y otros refugiados plantearon dos años atrás mientras acamparon durante varias semanas en la plaza Independencia ante la Torre Ejecutiva. "Aquí se vive mal, se pasa hambre, falta seguridad y no hay futuro", resumió un vocero del grupo. Muy duro.

En aquel momento los sirios querían un salvoconducto para salir de Montevideo rumbo a Alemania, país que por aquellos días se convertía en el mejor lugar de asilo para los desplazados por la guerra en Medio Oriente. Finalmente hubo un acuerdo con ellos, la manifestación de levantó y las familias fueron dispersadas por el territorio oriental con una mejora en las ayudas económicas.

En tanto quedó claro que se equivocó quien haya pensado que aquel flujo migratorio impulsado por razones humanitarias iba a mejorar la imagen del país. Por el contrario, quedamos mal a nivel de organismos internacionales y, para peor, varios de los emigrados —al igual que alguno de los venidos de la cárcel de Guantánamo— criticaron en medios internacionales a sus anfitriones uruguayos. No es esa, por cierto, la actitud de todos los inmigrantes, pues hay familias sirias que gradualmente se han ido adaptando a su nuevo entorno con el apoyo de un programa gubernamental cuyo costo supera los dos millones de dólares. Pero aun así esta primera experiencia dejó un sabor amargo en la opinión pública y la sensación de que hubo demasiada improvisación en las acciones del gobierno.

Se ha dicho con razón que para facilitar la adaptación de los recién llegados en vez de traer islamitas hubiera sido mejor seleccionar a sirios cristianos que también penan en los campamentos de desplazados, pero en la burocracia estatal nadie pareció interesarse en esa sugerencia. Es probable que esos otros sirios cristianos —hoy acosados, atacados y hasta crucificados por los yihadistas— se hubieran adecuado mejor a los hábitos del país. Sin embargo, la máquina propagandística del gobierno puesta en marcha a fines del 2014 demostró que había más interés en exhibir a musulmanas portando el tradicional velo islámico ante las cámaras de televisión.

Eran tiempos de campaña electoral en donde el Frente Amplio, y en particular el entonces presidente Mujica, enarbolaban las banderas de la solidaridad y recordaban la generosa tradición nacional en materia de asilo. Ahora, con mayor perspectiva, puede evaluarse negativamente aquella experiencia que permite comprobar que hubo mucho de show en la llegada de los sirios con un evidente propósito electoral. Es que hoy se aprecia que no existía el respaldo de un plan serio y pensado a mediano plazo para consolidar una corriente migratoria con buenas posibilidades de implantación.

Parece difícil que esta administración haga en algún momento un balance crítico de aquel operativo y menos aún que entone un mea culpa por los errores cometidos. Eso no se estila en los gobiernos frenteamplistas. Lo curioso del caso es que uno de los principales responsables del proyecto fue quien actuaba como secretario de Derechos Humanos, Javier Miranda, quien más adelante sería recompensado con su elección como presidente del Frente Amplio. Eso ocurrió cuando el fracaso del plan era evidente y un segundo grupo de 70 sirios quedaba varado en el Líbano a la espera de un traslado a Uruguay que nunca se concretaría.

Ahora solo cabe esperar que, vistos los resultados de la primera experiencia, al gobierno frenteamplista no se le ocurra reactivar el flujo migratorio desde Siria en la mitad de la próxima campaña electoral.

EDITORIAL