EDITORIAL

El decreto N° 354/010 prohibió la ocupación de cualquier dependencia pública, “la que será desalojada por la fuerza pública”. La discutida (incluso por la OIT) “ocupación como extensión del derecho de huelga” desapareció para un lado pero sigue vigente para el sector privado.

El gobierno trata denodadamente de seducir a los finlandeses para que construyan una gigantesca planta de celulosa. La segunda UPM sería el batacazo que le hace falta a la Administración Vázquez, bastante desteñida ahora que el viento de cola no es lo que fue, y que ya no es tan fácil tirar manteca al techo. En otras palabras, no se pueden disimular los errores y desaciertos con la facilidad de esos tiempos, ni tampoco que la promocionada honestidad del Frente Amplio, no ha sido tal.

Como un boomerang, el decreto 165/006 del Presidente Vázquez, cuando se estrenaba el Frente Amplio en el gobierno, que entre otras cosas posibilita según el art. 4° las ocupaciones, ahora le juega pesadamente en contra. Además de que los queridos compañeros del PIT- CNT se lo complican una y otra vez.

Los finlandeses, quedaron suficientemente escaldados con la tiranía del sindicalismo uruguayo puesto que fueron tantos los paros y las consecuentes trabas y demoras, que la obra llevó mucho más tiempo de lo previsto. Se atrasó la producción con todos los inconvenientes financieros que algo así provoca y el costo de la construcción superó ampliamente las previsiones. Como no son obras del Estado en las cuales los funcionarios luego no se hacen cargo de los errores de presupuesto ni de las pérdidas que provocan, caso Ancap, empresas “recuperadas”, Antel Arena y la lista sigue, para los privados, que ponen plata de sus bolsillos, estos aumentos de gastos son cosa seria.

Un técnico holandés contratado por Monte del Plata para maniobrar una grúa casi tan compleja de manejar como un avión por su tecnología, que viaja por todo el mundo, no disimulaba su asombro con lo que ocurría en este rincón del planeta. Contaba azorado, no haber experimentado nada semejante en su vida. “¡ Si había asamblea del sindicato en Montevideo, los obreros en Conchillas paraban!”.

Para hacer la millonaria inversión, la gente de UPM ha puesto varias condiciones, entre ellas, asegurarse de alguna manera una cierta paz sindical. ¡Si serán ingenuos! Esto no es Finlandia y los dirigentes de los sindicato s deben ser bastante menos confiables. Por algo, el comparativo hecho sobre 12 países por el estudio Pérez del Castillo y Asociados, divididos entre “confrontativos” y “colaborativos”, muestra que el sindicalismo vernáculo está lejos de asemejarse al de países como Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemania, Suecia o Nueva Zelanda. En ellos se priorizan las instancias de cooperación y negociación entre trabajadores y empleadores valorando en primer término la responsabilidad. Nosotros en cambio, compartimos el barrio con los “confrontativos” tipo Argentina y otros sudamericanos, junto a Francia e Italia. Lo que prevalece por aquí es la desconfianza y la hostilidad hacia quien produce los puestos de trabajo y ese permanente clima de enfrentamiento de acuerdo a lo que muestra el análisis, convierte al sistema en su conjunto, en “ineficiente”.

Por si esto no les ha quedado suficientemente claro, a los inversionistas, en estos días, el sindicato de los trabajadores de Montevideo Gas, subsidiaria de Petrobras Uruguay, anunció una ocupación con control obrero de las instalaciones. Medida que han aceptado suspender hasta principios de abril, al llegarles una nueva propuesta del Ministerio de Trabajo. No toleran que se despida a nadie ni que haya gente en seguro de empleo, más allá de que sean conocidos los problemas que arrastra esta empresa. En buena parte por el no cumplimiento del gobierno uruguayo en aspectos previamente pactados. Un plan de acción gremial de esa naturaleza, evidentemente violenta derechos establecidos en nuestra Constitución, como la libertad de empresa y de propiedad.

Si finalmente se llegara a un acuerdo como los que reclama la empresa extranjera, bueno sería que también rigiese para toda actividad económica. Demasiados ejemplos de parcialidad molestan con razón a las demás personas que trabajan en Uruguay. Sirve como muestra de la falta de justicia observada en las administraciones frentistas, el decreto promulgado con la firma del entonces presidente Mujica, Eduardo Brenta y Eduardo Bonomi a raíz de que les ocuparan un ministerio. Sin ningún prurito por la discriminación que se estaba por hacer, redactaron el decreto N° 354/010 por el que se prohibió la ocupación de cualquier dependencia pública, “la que será desalojada por la fuerza pública”. Así que la discutida (incluso por la OIT) “ocupación como extensión del derecho de huelga” desapareció para un lado pero sigue vigente si del sector privado se trata. Así estamos.