La exvicepresidenta Lucía Topolansky volvió al “ataque” contra la expresidenta de Antel, ex ministra de Industria y actual intendenta de Montevideo (en uso de licencia), Carolina Cosse. Hace dos semanas acusó a la intendenta de Montevideo de ser “bastante desconocida en el interior” y que tendría serias dificultades para vencer al Partido Nacional, además de cuestionar “su capacidad de diálogo y negociación”, lo que le valió las críticas de los simpatizantes de la expresidenta de Antel.

Ahora, en diálogo con 970 Noticias (radio Universal), Topolansky señaló que “lo que dicen las encuestas” es que de ganar Cosse la interna del Frente Amplio, la coalición de izquierda “perdería las elecciones ante un candidato del Partido Nacional” dentro de la Coalición Republicana.

Puede tener razón. Pero si quiere asegurarse de que Cosse no será candidata frenteamplista, la exvicepresidenta debe asegurarse y golpear donde hay certezas importantes: la construcción del Antel Arena. Pocas veces se ha visto quemar dinero de los ciudadanos con tanta facilidad como en este episodio, que estuvo muy cerca de naufragar por la aparición en el país de un nuevo fenómeno generado por el Frente Amplio: “la guerra de los fiscales”.

Afortunadamente sigue vigente la denuncia de las autoridades de Antel y vale la pena recordar algunos de los cuestionamientos que llevaron el tema a la Justicia.

Allí, entre otras cosas, quedó claro que el costo inicial del Antel Arena cuando se anunció la obra fue de 40 millones de dólares. Pero a medida que la construcción avanzaba la cifra empezó a caminar por un empinado repecho: US$ 56 millones, luego a US$ 80 millones y finalmente al precio real de 120 millones de dólares (US$ 119.721.147 exactamente). Esta cifra está documentada en la auditoría que trabajó en Antel desde el 2020 y sobre cuyos resultados se procedió a la denuncia penal.

Un datito: el estadio “Movistar Arena” de Buenos aires, con capacidad para 15.000 personas que se empezó a construir en 2014 y se inauguró en noviembre de 2019, costó (según Google) 38 millones de dólares.

También es conocido (y categórico) el pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). De acuerdo a los informes de la auditoría instalada a poco de asumir el nuevo directorio de Antel, a los que podrían sumarse las denuncias que en la pasada legislatura formularon los exsenadores Pedro Bordaberry y Pablo Mieres y el diputado Pablo Abdala más los expresos pronunciamientos del Tribunal de Cuentas de la época permanentemente desoído, el dictamen final de la Jutep concluyó en que la construcción del Antel Arena fue un gran nido de irregularidades.

Por ejemplo, que “quedó en clara evidencia que Antel utilizó como regla la modalidad de compra directa por excepción, en desmedro de los procedimientos competitivos”. Hubo abuso de “contratación y compra directa”, algo que si se usaba debía ser como excepción y no lo regla.

Es más, desde 2013 -Cosse presidenta de Antel- todas las compras fueron calificadas como “reservadas” y por tanto “confidenciales” o sea, secretas para todos los uruguayos.

Y el 14 de mayo de 2019, cuando el Antel Arena ya estaba funcionando, una nueva resolución del directorio del Ente público declaró que todo lo actuado en materia de gastos, ganancias, pérdidas, inversiones o lo que fuera relacionado con la obra, era “confidencial” por el plazo de 10 años.

Ni más ni menos que secreto blindado hasta el 2029 si el Frente Amplio hubiera ganado las elecciones de ese año y las siguientes. ¿Por qué? ¿Qué había para ocultar? Afortunadamente el pueblo dijo NO al Frente Amplio y Cosse quedó “desprotegida”.

Este dictamen fue aprobado por unanimidad por el organismo, integrado por Susana Signorino (Cabildo Abierto) como presidenta, Guillermo Ortiz (Partido Nacional) y Jorge Castro (Partido Comunista-Frente Amplio) El problema de Castro fue que el Partido Comunista lo hizo renunciar por haber compartido el texto del informe. Los comunistas querían que votara en contra del informe pese a que estaba a favor. Pero como no lo hizo, lo obligó a renunciar.

El comentario del senador Jorge Gandini sobre este largo episodio fue concluyente: “Se pronuncia el tribunal de Cuentas, se pronuncia una auditoría que contrata Antel, se pronuncia la Junta Anticorrupción por unanimidad, ¿quién falta pronunciarse para decir que la señora Cosse, al frente de Antel, hizo esta obra con todas las violaciones a la normativa que le hizo?”.

Ahora es la exvicepresidenta Lucía Topolansky quien tiene la palabra.