Desde que el gobierno de coalición encabezado por Lacalle Pou asumió, el hostigamiento permanente del FA y el Pit-Cnt, sin siquiera un mínimo espacio de tregua, ha sido implacable. Y un caso paradigmático fue el ataque indisimulado al gobierno, por el acuerdo con la empresa Katoen Natie. Sin embargo, la fiscalía ha decretado por segunda vez el archivo de la causa promovida por los senadores Bergara y Carrera.

Una acusación penal a una negociación exitosa de las actuales autoridades que consiguió, varios beneficios para nuestra nación. Por una parte, se barrió una costosa herencia dejada en el sector portuario por el Frente Amplio. La demanda de la empresa internacional por U$$ 1500 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Por otro lado, Terminal Cuenca del Plata (Katoen Natie y 20% Estado uruguayo), luego de la prórroga de la concesión acordada ha realizado nuevas inversiones (U$$ 200 millones que llegarán a U$$ 600 millones) en ampliación de muelles, playas y grúas pórtico. Son operadores de primer nivel que entre otras cosas, ha recuperado la flota paraguaya que se había ido a Buenos Aires a instancias de Montecom pero no estaba conforme.

Hoy Montevideo es competitivo a nivel regional y con creciente actividad. Ha cambiado la irregular situación de hace años, en que la terminal especializada, tal como se había estipulado en la primigenia concesión, estaba siendo desplazada por Montecom (capitales chilenos mayormente) sin haber invertido como los belgas. Bajo la Administración frentista amplió su negocio en base a permisos precarios, el uso de los muelles y áreas públicos. Una irregularidad que rompía los ojos a cualquiera por la forma prebendaria de su accionar. Sin los derechos legales de TCP, llegó a abarcar hasta el 50% del movimiento portuario.

La arremetida contra el presidente del puerto, contra el asesor letrado de Presidencia, contra el ministro de Obras Públicas; entonces Luis Alberto Heber, quien el jueves ya hizo un adelanto de lo que piensa decir en el Parlamento al ocupar nuevamente su banca, llegó a extremos inusitados. Evidente estrategia a fin de “nockear” a Lacalle. Hasta se les acusó de entrega de la soberanía nacional. Y lo insólito ha sido el caradurismo del acusador Charles Carrera. Alguien investigado en el propio Parlamento por uso indebido, o mejor dicho, por abuso de su puesto en el Ministerio del Interior, en tiempos de Eduardo Bonomi. Hizo atender a su pareja, en el Hospital Policial, dejando una cuenta de más de U$$ 26000. Demostración de que ciertos políticos no respetan el limites entre lo público y lo privado. Se creen con derecho a usufructuar del dinero estatal como si fuera propio sin el más mínimo escrúpulo por el mal ejemplo desparramado a su alrededor. En un hospital aquejado de un persistente déficit le inventaron un grado policial, ya que solo policías pueden utilizarlo y no civiles, aunque tengan un cargo como Carrera. A su vez, la mujer del ministro Bonomi 20 veces recibió también atención médica que no le correspondía, aprovechándose de la superioridad ma-rital. Claros ventajeros.

Que personas con esa ética pública se vistan de Savonarolas y denuncien, sería risible sino se tratara de hechos reveladores de una gran dosis de inmoralidad.

La típica generosidad con plata ajena de cierta gente quedó también en evidencia cuando el mismo Sr. Carrera ordenó la manutención durante largo tiempo, de un hombre por fuera de la policía, que quedó parapléjico por una bala perdida proveniente de la casa contigua, donde transcurría una particular reunión. Pero una condición previa; callarse la boca. Si bien finalmente trascendió.

Se podría decir que esto es poca cosa al lado de los montos del puerto, pero la diferencia es que la Constitución y la ley establecen las facultades del Poder Ejecutivo en materia de defensa del Estado en cualquier contienda judicial, arbitral o contenciosa. Y eso fue lo que hizo el gobierno con el debido asesoramiento, para frenar un litigio multimillonario interpuesto por TCP ante el gobierno del FA, a causa una serie de arbitrariedades en apariencia a favor de otra firma. Algo bien complicado que este gobierno debió enfrentar desde el 1° de marzo de 2020. La Ley de Puertos otorga al Ejecutivo la competencia exclusiva de la política portuaria y cuando corresponda, asesoramiento de la ANP. En esta ocasión, específicamente en la persona de su presidente, dada la cláusula de confidencialidad acordada entre las partes. Los fiscales descartaron la tipificación de delito penal pretendida por los denunciantes.