El gobierno impulsa un segundo impuesto a las jubilaciones de los retirados militares que se sumará al IASS que ya pagan. A cuenta de su eventual aprobación, este gravamen difícilmente llegue a pasar la puerta de la Suprema Corte de Justicia porque lo van a declarar inconstitucional desde la esquina de la cuadra. No obstante, el Frente Amplio está empecinado en votarlo.

El gobierno impulsa un segundo impuesto a las jubilaciones de los retirados militares que se sumará al IASS que ya pagan. A cuenta de su eventual aprobación, este gravamen difícilmente llegue a pasar la puerta de la Suprema Corte de Justicia porque lo van a declarar inconstitucional desde la esquina de la cuadra. No obstante, el Frente Amplio está empecinado en votarlo.

El argumento principal de la izquierda es que la mal llamada Caja Militar, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, es deficitaria. Eso es cierto, como también lo es para el BPS. Para que así suceda actúan dos situaciones: por un lado la pirámide demográfica está francamente avejentada con personas que cada vez vivimos más, por lo tanto se pagan jubilaciones por más tiempo y sin un ingreso de nuevos aportantes que lo compense. Somos los mismos pero cada vez más viejos. Este es un drama nacional que algún día va a implicar rediscutir toda la seguridad social y tomar medidas activas para revertirlo.

El otro motivo del déficit son las decisiones que los gobiernos democráticos tomaron para disminuir la cantidad de efectivos militares desde 1985. La dictadura militar hipertrofió sus cuadros. De aproximadamente 40.000 soldados que había al término de la dictadura, hasta hoy, se han reducido en unos 13.000 los efectivos. Fueron decisiones democráticas acertadas pero que tienen una consecuencia: al que se retira hay que pagarle una jubilación. Fueron acciones políticas de todos los partidos, no de los militares obviamente. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿No pagarlas?

La relación activo/pasivo es negativa, hay que pagar más pasividades que no cubren los aportantes. La contribución de Rentas Generales a este Servicio ronda los US$ 350 millones y los que hay que hacer por aportes de diferentes vías al BPS (IVA, otros tributos, rentas generales, etc.), es de unos 2.500 millones de esa moneda.

Dice el gobierno que con este segundo impuesto se financiará el déficit. No es verdad, no llega al 10% lo que se recaudará. Y en verdad tampoco importa eso, porque la intención no es financiera sino política: es un impuesto ideológico, destinado a castigar a un sector de los uruguayos por su profesión y trabajo: los militares. Está impulsado por el resentimiento histórico de sectores políticos del FA que tienen mucha influencia, contra las FF.AA. Es la expresión de un antimilitarismo muy rancio, irracional, atávico.

Estas FF.AA. son absolutamente democráticas y constitucionalistas. Sus cuadros de soldados no tiene nada que ver con la dictadura, sin embargo se los castiga por su uniforme y por hacerlos responsables de lo que no son sus hombres y mujeres. Se les discute sus jubilaciones y se las rebajará con un doble impuesto, mientras el mismo Frente Amplio mantiene sumergidos sus sueldos dentro de la Administración pública. Les preocupa la jubilación, pero no el salario. Mientras en Uruguay la pobreza no llega al 7%, entre los soldados es siete veces mayor. Uno de cada dos son pobres o indigentes.

Al FA le sirven los militares para enfrentar las catástrofes climáticas, levantar basura o cuidar cárceles, pero no le preocupa su pobreza y su situación social. Generaron un déficit tres veces mayor en Ancap pero ese no importa, porque es un déficit “compañero”.

No votaremos este impuesto ideológico, que además tiene el agrio olor de la venganza.