Una nota publicada el pasado domingo por El País, donde se abordaba el muy actual tema del derecho a defensa de los acusados por narcotráfico, generó un hecho insólito. Un profesional, que no era mencionado en la nota, reclamó judicialmente un derecho de respuesta para insertar una línea inconducente en el texto publicado. El profesional no se contactó con el diario previamente, sino que fue directo a gastar recursos judiciales escasos de forma totalmente innecesaria.